«Ceux qui font des révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau».
El dirigente revolucionario jacobino Louis de Saint Just advirtió que «quienes hacen revoluciones a medias solo cavan su propia tumba». Desgraciadamente, este fue el caso de la Revolución Bolivariana.
[Publicamos aquí el editorial del número 43 de la revista ‘América socialista’ – la revista teórica trimestral de la Internacional Comunista Revolucionaria. ¡Obtenga su copia ahora!]
Si hay algo que destaca de la Revolución Bolivariana de Venezuela es lo prolongado que fue todo el proceso. Pasaron casi quince años entre la elección del presidente Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998 y su muerte el 5 de marzo de 2013.
El equilibrio de fuerzas entre las clases era tan favorable a la clase trabajadora y los pobres que todos los intentos de la contrarrevolución por derrocarlo y poner fin a la revolución fueron derrotados. Y hubo muchos intentos de este tipo: un golpe de Estado en abril de 2002 que derrocó brevemente a Chávez, varios otros intentos fallidos de golpe, guarimbas (disturbios violentos) por parte de la oposición reaccionaria, sanciones imperialistas, infiltraciones paramilitares, incursiones mercenarias, un cierre patronal de dos meses en todo el país, sabotaje económico, una huelga patronal, fijación de precios y acaparamiento a gran escala por parte de la clase capitalista.
La oligarquía venezolana, respaldada, financiada y apoyada por el imperialismo estadounidense y español, no se detuvo ante nada para intentar aplastar el intento de las masas venezolanas empobrecidas de tomar las riendas de su propio destino. Todos estos intentos de derrocar a Chávez y destruir la revolución terminaron en un vergonzoso fracaso para la clase dominante.
Y, sin embargo, la revolución no se completó. Aunque el poder de la oligarquía capitalista se había debilitado, la economía seguía siendo capitalista y el aparato estatal seguía siendo un Estado capitalista. Chávez era muy consciente de ello. En uno de sus últimos discursos, llamó a «dar un golpe de timón».
Pero tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro tomó las riendas. Las tendencias burocráticas y reformistas en la cúpula del movimiento bolivariano se hicieron más fuertes y, de forma lenta pero segura, la revolución se convirtió en contrarrevolución.
Mientras Chávez había fomentado la autoorganización de los oprimidos, Maduro la sometió al control burocrático del aparato estatal y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder. Mientras Chávez nacionalizó empresas privadas y multinacionales, Maduro las privatizó. Mientras que, bajo Chávez, se expropiaron los latifundios y se distribuyó la tierra a los campesinos, bajo Maduro, la guardia nacional desalojó a los campesinos y devolvió las propiedades a los grandes terratenientes. Las ocupaciones de fábricas y las experiencias de control y gestión obrera, que Chávez había fomentado, fueron aplastadas y destruidas.
En enero de 2026, una campaña de seis meses de intimidación imperialista y agresión militar contra Venezuela por parte del presidente Donald Trump culminó en un ataque militar masivo en el que Estados Unidos secuestró al presidente Maduro y a su esposa. Tras el ataque, Venezuela se vio obligada a convertirse en una semicolonia de facto de Estados Unidos, con Washington dictando la política a Caracas a través de su control sobre el flujo de recursos petroleros y minerales que salen del país.
Aunque no podemos predecir con certeza cómo se desarrollarán los acontecimientos, el ataque imperialista del 3 de enero contra Venezuela marca el final de todo un período histórico. Los activistas revolucionarios de Venezuela y del extranjero deben comprender cómo hemos llegado a este punto. Es necesario aprender las lecciones si queremos armarnos para las batallas que se avecinan.
Los orígenes de la Revolución Bolivariana
Algunos sitúan el punto de partida de la Revolución Venezolana en el momento de la victoria electoral de Chávez en 1998, cuando ganó contra un frente unido de los dos partidos del establishment, que habían gobernado el país durante décadas: la socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el Partido Social Cristiano (COPEI).
Pero solo se puede comprender realmente el atractivo de la candidatura de Chávez en 1998 si se remonta al levantamiento del Caracazo de 1989. En aquel momento, Carlos Andrés Pérez, de AD, acababa de ser reelegido. Muchos votaron por él con la ilusión de recuperar los «buenos viejos tiempos» de su presidencia en la década de 1970, cuando había nacionalizado el petróleo y creado la empresa petrolera estatal PDVSA.
Sin embargo, a pocos días de tomar posesión, Pérez aplicó un programa de choque de «ajuste» monetarista patrocinado por el FMI, que incluía recortes presupuestarios de gran alcance, como la supresión de los subsidios al combustible. Esto provocó un aumento masivo y repentino del precio del transporte público.
En la madrugada del 27 de febrero de 1989, cuando los trabajadores de los barrios populares de Guarenas, una ciudad dormitorio a las afueras de la capital, Caracas, se dirigían a sus puestos de trabajo, se encontraron con la sorpresa de que las tarifas de los autobuses habían subido un 30 %. Se negaron a subir a los autobuses en señal de protesta y prendieron fuego a algunos de ellos. Esa fue la chispa que desencadenó un levantamiento nacional contra las medidas de austeridad del Gobierno, con protestas masivas y saqueos generalizados.
Este movimiento espontáneo, que se conoció como el Caracazo, fue sofocado en sangre por las autoridades. Suspendieron la Constitución, se impuso un toque de queda y un bloqueo informativo, y desplegaron al ejército para arrasar con los manifestantes desarmados. Se desconoce la cifra exacta de muertos, pero los familiares de las víctimas estiman que el total ronda los 3.000. Para el 8 de marzo, el movimiento de protesta había sido sofocado por una represión brutal.
Esa era la verdadera cara de la democracia burguesa en Venezuela antes de la Revolución Bolivariana, y no la imagen idílica que pintan hoy los medios de comunicación capitalistas y los comentaristas de la clase dominante.
El Caracazo representó un punto de inflexión en la conciencia, el último clavo en el ataúd del ya desacreditado sistema del puntofijismo, tras el Pacto de Puntofijo, el acuerdo político de 1958 por el que AD y COPEI se alternaban en el poder y compartían todos los cargos oficiales del gobierno.
La represión militar del levantamiento del Caracazo también tuvo otro impacto, el de empujar a un grupo de oficiales militares subalternos a la oposición abierta. Las acciones criminales del ejército en aquellos días les parecían contradictorias con la ideología oficial de la institución, que era la de proteger al pueblo de una amenaza extranjera, y no de dispararles. Comenzaron a organizar un movimiento nacionalista clandestino bajo la bandera del bolivarianismo, en honor a Simón Bolívar, el héroe independentista del siglo XIX que lideró la lucha para liberar a media Sudamérica del dominio colonial español. Entre esos oficiales militares se encontraba Hugo Chávez.
El 4 de febrero de 1992, Chávez, entonces teniente coronel, lideró un fallido levantamiento civil-militar contra la corrupta clase política. Una vez que quedó claro que el intento no iba a ninguna parte —el levantamiento civil no se había materializado y las fuerzas militares no contaban con suficiente apoyo—, el régimen le dio la oportunidad de aparecer en la televisión nacional para pedir a sus seguidores que depusieran las armas. Aprovechó la oportunidad para decir que sus objetivos «no se habían logrado», pero añadió: «por ahora». Eso lo catapultó a la escena política nacional, conectando con el profundo descontento con el puntofijismo.
Chávez pasó dos años en la cárcel antes de ser indultado por el nuevo presidente Rafael Caldera, que había ganado las elecciones de 1993 prometiendo, entre otras cosas, indultar a todos los militares implicados en los dos levantamientos fallidos de 1992. Al ser puesto en libertad, Hugo Chávez dio una rueda de prensa en la que advirtió que «Venezuela estaba madura para una revolución si no se atendían las demandas del pueblo de profundos cambios políticos y económicos».
Tras muchas discusiones sobre la estrategia a seguir, Chávez decidió presentarse a las elecciones presidenciales de 1998 como candidato del Movimiento Quinta República (MVR), después de que las autoridades electorales rechazaran el nombre de su organización política, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), por contener el nombre «Bolívar» . Su programa se basaba en la lucha contra la corrupción y la pobreza mediante la convocatoria de una asamblea constituyente para refundar la República Venezolana.
Las elecciones presidenciales de 1998 enfrentaron a Chávez, que recorrió el país hablando en cientos de reuniones de trabajadores, campesinos y pobres en los barrios, contra Salas Römer, que contaba con el apoyo de los dos partidos de Puntofijo y de la mayor parte del establishment. Durante la campaña, Chávez forjó lazos con las masas y fomentó su autoorganización. En ese momento, dos tercios de la población vivían por debajo del umbral de la pobreza y alrededor del 28 % vivía en condiciones de pobreza extrema.
El apoyo masivo a Chávez
En ese momento, Chávez defendía un cambio radical, pero no se autodenominaba socialista ni antiimperialista. De hecho, inmediatamente después de asumir el cargo en 1998, elogió la «tercera vía» de Tony Blair. Algunos miembros de la clase dominante pensaron que podían utilizar a Chávez y su popularidad para dar una nueva imagen a la extremadamente desacreditada democracia burguesa venezolana. El embajador británico en Venezuela dijo en una reunión de empresarios locales que «la popularidad y la legitimidad de Chávez… [son] condiciones indispensables para las duras medidas que debe adoptar el próximo presidente».
Chávez obtuvo una victoria decisiva (56 % de los votos frente al 40 % de Salas Römer), porque para millones de trabajadores representaba la promesa de un cambio radical. La suya no fue una elección presidencial cualquiera, sino un hito importante en el proceso de «la intervención directa de las masas en los destinos de la sociedad.», como Trotsky describe una revolución en su Historia de la Revolución Rusa.
Hay que reconocer que Chávez se mantuvo firme. Convocó un referéndum para convocar una asamblea constituyente en la que su Polo Patriótico (una coalición formada por el MVR y otros partidos de izquierda: MAS, PPT, MEP, PCV, etc.) obtuvo el 65 % de los votos. La nueva constitución supuso un paso adelante desde el punto de vista de los derechos democráticos —por ejemplo, incluía el derecho a destituir a los cargos electos, incluido el presidente—, pero seguía siendo una constitución capitalista que consagraba los derechos de propiedad privada.
Lo más importante es que las masas habían participado en decenas de miles de reuniones por todo el país para debatir el proyecto de constitución y lo consideraban un arma en su lucha contra el antiguo régimen. Más del 70 % votó a favor de ratificarla en un referéndum. La constitución se imprimió en millones de ejemplares de bolsillo, un pequeño libro azul que la gente llevaba consigo en todo momento y esgrimía cada vez que se enfrentaba a un miembro de la burocracia estatal.
Para entonces, cientos de miles de personas de los sectores más pobres de la sociedad se habían organizado de todas las formas posibles para resolver sus problemas más acuciantes: surgieron círculos bolivarianos en los barrios obreros, comités de reforma agraria, comités de tenencia de la tierra urbana, comités de agua, emisoras de radio y televisión comunitarias. Las masas querían emprender acciones directas para satisfacer sus demandas y no esperaban a que los políticos de la vieja escuela lo hicieran por ellas. Chávez, con su estilo directo y sencillo, utilizando el lenguaje de la gente trabajadora y rompiendo constantemente con el protocolo, las animó y les dio voz.
Su programa semanal de televisión, Aló Presidente, de varias horas de duración, era un ejercicio de educación política de masas. En varias ocasiones, Chávez apareció con un mapa de Venezuela detrás y explicó la riqueza de recursos naturales que poseía el país: petróleo, oro, hierro, biodiversidad, etc. Luego señaló que la única razón por la que la mayoría era pobre en un país tan rico era porque su riqueza había sido monopolizada por una pequeña minoría no elegida y que no rendía cuentas. Esto tuvo profundas implicaciones revolucionarias.
Los medios de comunicación capitalistas y los políticos de Venezuela y de todo el mundo pasaron quince años denunciando el «autoritarismo» de Chávez. Pero la verdad es que gozaba de un apoyo masivo, que se ratificó en cada paso del camino en las elecciones democráticas burguesas. Hubo nada menos que diecinueve elecciones (presidenciales, de la Asamblea Nacional, regionales, estatales y municipales) y referendos entre su victoria en las elecciones presidenciales de 1998 y su muerte en 2013. Chávez y su Movimiento Bolivariano las ganaron todas, excepto una, el referéndum de reforma constitucional de 2007, que se perdió por un estrecho margen.
De hecho, uno de los momentos álgidos del apoyo electoral a Chávez y a la Revolución Bolivariana se produjo en las elecciones presidenciales de 2006, cuando se dirigió a las masas y dijo: «Estas elecciones no son sobre Chávez, estamos eligiendo el socialismo». La respuesta fue un respaldo rotundo a la necesidad del socialismo, con más del 62 % de los votos a favor de Chávez y una participación del 75 %.
Una de las razones del odio de la oligarquía hacia Chávez fue precisamente que había despertado a las masas a la participación política. Estos millones de personas estaban anteriormente excluidas del proceso político. Consideraban, con razón, que estaba amañado a favor de los ricos y poderosos, los «amos del valle», como en el título de la novela histórica de Herrera Luque, un grupo muy unido de familias acomodadas con apellidos grandilocuentes que habían gobernado el país durante 200 años y pensaban que era su derecho divino.
Odiaban a Chávez porque rompía el protocolo, hablaba el lenguaje directo del pueblo y conectaba con sus pensamientos y aspiraciones. Destruyó la idea de que la política estaba reservada a los políticos profesionales y a las clases cultas. No podían perdonarle por haber inculcado a la clase trabajadora y a los pobres la idea de que tenían derecho a participar en la política y a tomar decisiones.
El golpe de abril de 2002
A finales de 2001, Chávez utilizó los poderes que le había otorgado la Asamblea Nacional para aprobar un amplio paquete de reformas. Estas se conocieron como las 49 Leyes Habilitantes, en referencia a la ley habilitante que otorgaba a Chávez el poder ejecutivo para decretarlas. Abordaban toda una serie de cuestiones diferentes (pesca, seguros, pequeñas empresas, banca, etc.), pero las dos más importantes eran las que se referían a la reforma agraria y la industria petrolera.
La ley de reforma agraria supuso un avance progresista, ya que permitía la expropiación de los latifundios ociosos y su distribución entre los campesinos sin tierra. La oligarquía terrateniente, estrechamente vinculada a banqueros, capitalistas y empresarios, representaba menos del 2 % de la población, pero poseía el 75 % de las tierras cultivables. En el otro extremo, el 75 % de los terratenientes apenas poseía entre el 5 y el 6 % de la tierra.
La ley de hidrocarburos reafirmó el papel del Estado en la industria, en particular en la gestión de PDVSA (la empresa petrolera estatal), y tomó medidas para revertir la llamada «apertura petrolera», que había permitido a las empresas privadas explotar los recursos petroleros directamente o en empresas conjuntas con PDVSA.
Ninguna de las 49 leyes puede considerarse anticapitalista per se, y todas ellas se enmarcaban en el pleno respeto del Estado de derecho (burgués) y la propiedad privada. Aun así, la clase dominante y los políticos del antiguo régimen las consideraban una declaración abierta de guerra de clases.
Esto revela la contradicción crucial que existe en el corazón de un país dominado como Venezuela. La oligarquía local (la alianza de banqueros, capitalistas y terratenientes), cuyos intereses están estrechamente alineados y subordinados a los del imperialismo, es completamente incapaz de aceptar —y mucho menos de llevar a cabo— incluso las reformas más moderadas en dirección a la soberanía nacional y el desarrollo del país.
Tanto es así que respondieron a estas leyes nacionalistas moderadas iniciando los preparativos para derrocar a Chávez mediante un golpe militar, con la plena participación del imperialismo estadounidense (y, en menor medida, español), que se llevaría a cabo en abril de 2002.
Hasta ese momento, la historia no era nueva. Ha habido muchos gobiernos progresistas en América Latina que han sido elegidos por las masas en elecciones democráticas y han intentado llevar a cabo reformas democráticas y progresistas en favor de los trabajadores y los campesinos, que luego se han enfrentado a sabotajes, golpes de Estado, intervenciones y asesinatos respaldados por Estados Unidos para destruirlos.
El golpe de Estado en Venezuela se llevó a cabo con éxito en un primer momento. Se instaló un nuevo gobierno, encabezado por Pedro Carmona, líder de la federación empresarial. Los medios de comunicación capitalistas de todo el mundo lo celebraron. Pensaban que habían vuelto a ganar.
Cuatrocientos representantes de la clase dominante —banqueros, editores de periódicos y propietarios de cadenas de televisión, terratenientes, la jerarquía de la Iglesia católica, los líderes de la Cámara de Comercio Americano-Venezolana, de colegios profesionales y asociaciones— se reunieron en el Palacio de Miraflores para la toma de posesión de Pedro Carmona. Aclamaron mientras decretaban la abolición de la Constitución de 1999 y las Leyes Habilitantes de Chávez, y disolvían todos los poderes democráticos.
Lo que fue diferente en Venezuela es que, en el espacio de cuarenta y ocho horas, entre el 11 y el 13 de abril, las masas salieron a las calles, se movilizaron en gran número, rodearon el palacio presidencial y los cuarteles militares clave y, mediante su acción directa, lograron influir en sectores importantes de las fuerzas armadas y la guardia presidencial, y restaurar al presidente que habían elegido.
Estas extraordinarias escenas de contrarrevolución y revolución fueron captadas por un equipo documental irlandés que se encontraba allí filmando un documental sobre Hugo Chávez y su Revolución Bolivariana. La revolución no será transmitida es una película imprescindible si se quiere comprender los acontecimientos trascendentales del golpe de Estado de 2002 y la respuesta de las masas.
En su discurso En defensa de octubre, León Trotsky afirma que «la intervención activa de las masas en los acontecimientos históricos es, de hecho, el elemento más indispensable de una revolución». Esto es exactamente lo que ocurrió en Venezuela el 13 de abril de 2002.
La movilización de las masas tuvo lugar a pesar del bloqueo informativo total de los medios de comunicación sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Tanto los canales de televisión privados como los estatales emitían dibujos animados mientras cientos de miles de personas salían a las calles. Las masas se valieron del boca a boca y de las emisoras de radio locales para difundir la noticia del secuestro del presidente y convocar una movilización masiva.
Cabe señalar que, en ese momento, aún no se había logrado ninguno de los avances materiales de la revolución. Estos llegaron más tarde. Lo que movió a las masas a desafiar el golpe no fue solo el hecho de que en Venezuela hubiera un presidente progresista que intentaba llevar a cabo reformas progresistas. De hecho, se estaba desarrollando un proceso revolucionario, caracterizado principalmente por la irrupción de las masas en la escena política. Fue debido a este proceso que las masas se movilizaron instintivamente contra el golpe.
La primera respuesta de Chávez tras el golpe de abril fue de conciliación. No se esperaba el golpe; le había sorprendido. Llamó al diálogo con la oposición contrarrevolucionaria y proimperialista. Se establecieron varias mesas de negociación. Ninguno de los golpistas fue llevado ante la justicia, ya que el Tribunal Supremo, repleto de jueces del antiguo régimen, dictaminó que en realidad no había habido un golpe de Estado, sino un «vacío de poder» que Pedro Carmona había llenado por casualidad.
Pero mientras Chávez no abandonara todo su programa de reformas, la clase dominante no estaba dispuesta a conciliar. Inmediatamente comenzaron a tramar un nuevo intento contrarrevolucionario. Este tomó la forma de un motín de oficiales militares reaccionarios, que establecieron su campamento en la plaza Altamira, en el rico distrito oriental de Caracas, seguido de un cierre patronal y sabotaje de la empresa petrolera estatal PDVSA, que duró dos meses.
El objetivo era asestar un golpe mortal al gobierno cortando su principal fuente de ingresos. De una producción previa al cierre patronal de 3,2 millones de barriles diarios, la producción se redujo a menos de 50.000 barriles diarios, lo que causó daños por valor de miles de millones de dólares a PDVSA y a la economía venezolana en su conjunto.
Radicalización
Este fue otro punto de inflexión en la Revolución Bolivariana. El látigo de la contrarrevolución impulsó la revolución hacia adelante. Con un fino instinto de clase, las masas volvieron a entrar en acción. Los trabajadores petroleros tomaron las instalaciones de PDVSA y reiniciaron la producción bajo control obrero. La clase trabajadora y los barrios pobres salieron a proteger las instalaciones petroleras contra el sabotaje, en colaboración con elementos leales de la Guardia Nacional y el ejército.
La dirección burocrática de la antigua federación sindical, CTV, se unió al cierre patronal. El líder de la CTV, Carlos Ortega, apareció en conferencias de prensa diarias con Carlos Fernández, líder de Fedecámaras, la confederación patronal.
Al otro lado de las barricadas, los sindicalistas de base organizados en torno a la lucha de clases se movilizaron para contraatacar. En el bastión industrial de Valencia, los trabajadores amenazaron a los fabricantes de automóviles privados con ocupar las fábricas si detenían la producción. Miles de trabajadores de las gigantescas acerías de SIDOR emprendieron acciones directas para garantizar el suministro de gas a sus instalaciones, sin el cual los enormes hornos habrían sufrido daños.
La experiencia del control obrero en PDVSA, una empresa muy compleja que funciona con procesos informatizados y tecnológicamente avanzados, fue un punto álgido del poder de la clase obrera y el ejemplo más avanzado de control obrero en todo el mundo en el siglo XXI. Los trabajadores petroleros de Venezuela demostraron en la práctica que los trabajadores no necesitaban jefes ni gerentes burgueses para dirigir la industria más avanzada del país.
La derrota del cierre patronal de 2002-2003 abrió el camino para una mayor radicalización de la Revolución Bolivariana. Vale la pena mencionar algunos de los hitos más importantes:
- En 2004, Chávez declaró el carácter «antiimperialista» de la revolución.
- En enero de 2005, Chávez decretó la nacionalización de dos fábricas privadas que habían sido ocupadas por los trabajadores: Venepal (una fábrica de papel en Aragua) y CNV (una fábrica que fabrica y repara válvulas para la industria petrolera en Los Teques, Miranda). Insistió en que no se trataba de una nacionalización normal, sino que las fábricas debían ser gestionadas por los propios trabajadores.
- En enero de 2005, Chávez declaró por primera vez que los objetivos de la revolución sólo podían alcanzarse superando el capitalismo y avanzando hacia el socialismo. Sobre esta base, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de 2006.
- En febrero de 2005, Chávez dio luz verde a la introducción de la gestión obrera en la fundición de aluminio estatal ALCASA.
- En 2007 se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que se afiliaron más de 5 millones de personas.
- En 2008, Chávez volvió a nacionalizar SIDOR, la gigantesca siderúrgica del estado de Bolívar. Una vez más, insistió en que se introdujera la gestión obrera.
- En 2009, pidió la creación de una Quinta Internacional, aunque la iniciativa no llegó a buen puerto debido al sabotaje de los estalinistas y la burocracia.
La radicalización de Chávez y de las masas fue de la mano y se alimentó mutuamente. A medida que Chávez sacaba conclusiones más radicales, tanto de su propia experiencia debido a los ataques del imperialismo y la clase dominante, como a raíz de sus propias lecturas, las masas se volvían más entusiastas y atrevidas en sus acciones. A medida que los trabajadores y los campesinos emprendían acciones directas, Chávez se inspiraba en ellos y, en muchas ocasiones, legalizaba lo que ya se había hecho en la práctica.
Mientras tanto, el gobierno, utilizando los ingresos de la industria petrolera, puso en marcha una serie de «misiones sociales» relacionadas con la sanidad, la educación, la alfabetización, las pensiones y la vivienda, que transformaron la vida de millones de personas de la clase trabajadora. Se envió a médicos cubanos a los barrios pobres para proporcionar atención sanitaria básica; se matriculó a cientos de miles de personas en la educación, desde la primaria hasta la universidad, de forma gratuita; se enseñó a leer y escribir a más de un millón de personas, erradicando así el analfabetismo.
Una revolución inconclusa
A pesar de haber logrado estas importantes reformas, la cuestión crucial a lo largo de este período es la siguiente: la revolución nunca se completó. A pesar de todos los discursos y declaraciones sobre el socialismo, la economía siguió siendo capitalista. A pesar de las profundas reformas democráticas, la creación de consejos comunales y los llamamientos de Chávez a la destrucción del Estado burgués, el aparato estatal siguió siendo el de un Estado capitalista y nunca fue destruido y sustituido por un Estado obrero.
Ante el sabotaje de la economía por parte de la clase dominante, que se expresó en forma de fuga de capital, huelga de inversiones, acaparamiento, especulación y otras prácticas, la revolución no respondió con la nacionalización de los sectores clave de la economía y la planificación democrática, sino con un intento de regular el capitalismo mediante controles estatales. Así, se impusieron controles de divisas, controles de precios y muchos otros.
Esto creó una situación que Alan Woods describió como «el peor de todos los mundos». No se permitió que la economía de mercado capitalista funcionara «normalmente», pero tampoco fue sustituida por un sistema de propiedad común y planificación democrática.
Los controles de divisas se convirtieron en un mecanismo a través del cual los capitalistas, los especuladores privados y otros ladrones similares adquirían dólares con tasas preferenciales (destinados a la importación de piezas y suministros para industrias clave) y luego los vendían en el mercado negro, embolsándose la diferencia. Para mantener una tapadera, algunos recurrieron a importar contenedores llenos de chatarra barata, mientras que la mayor parte de los dólares preferenciales se desviaban. El exministro de Finanzas Jorge Giordani estimó que la cantidad de dinero robada a través de este mecanismo supera los 300.000 millones de dólares estadounidenses.
Por supuesto, junto a esto, floreció toda una «industria» en la que los funcionarios de aduanas, los encargados de asignar los dólares para la importación y cualquier persona involucrada en la gestión de los controles de divisas ofrecían sus servicios (a cambio de una tarifa) a quienes estaban agotando las reservas de divisas del país.
Los controles de precios, en lugar de proteger el nivel de vida de las familias de la clase trabajadora, llevaron a los productores y distribuidores capitalistas de alimentos y otros productos básicos a retirarlos del mercado y venderlos a precios mucho más altos en el mercado negro. Los productores capitalistas encontraron todo tipo de formas de eludir la regulación de precios. Si se regulaba el precio del arroz, producían variedades aromatizadas o coloreadas que no estaban sujetas a la regulación de precios.
Tan pronto como un producto se incluía en la lista de regulación de precios, desaparecía de los supermercados y las tiendas, para reaparecer en el mercado negro. El Estado se vio obligado a importar grandes cantidades de alimentos y venderlos a precios subvencionados, un proceso que, a su vez, fue fuente de una corrupción masiva.
Mientras tanto, el conglomerado Empresas Polar conservaba el monopolio virtual de la fabricación y distribución de alimentos. A pesar de las pruebas evidentes de que estaban involucrados en la manipulación de precios, la especulación, la usura y el sabotaje, nunca fueron nacionalizados. Los propietarios, la familia Mendoza, participaron en casi todos los intentos contrarrevolucionarios de derrocar al gobierno democráticamente elegido.
La vieja máxima se confirmó en la práctica: no se puede planificar lo que no se controla, y no se controla lo que no se posee.
La expropiación del capitalismo en Venezuela habría estado plenamente justificada, incluso desde un punto de vista puramente democrático. Si se hubiera tomado la lista de asistentes que participaron en la toma de posesión del presidente golpista Pedro Carmona en 2002 y se les hubiera confiscado sus propiedades, el capitalismo se habría abolido de un solo golpe.
Chávez llevó a cabo nacionalizaciones, algunas de ellas significativas, como las de la banca, las telecomunicaciones, el cemento, el acero y la electricidad. Pero se trataba de medidas fragmentarias, y los sectores clave de la economía seguían en manos privadas, hasta tal punto que era imposible llevar a cabo una planificación democrática de la economía.
En relación con la cuestión del Estado, la situación era similar. Durante un tiempo, se llevó a cabo una purga sustancial del antiguo aparato estatal. Los oficiales del ejército abiertamente reaccionarios se retiraron del ejército durante el campamento de la plaza Altamira en diciembre de 2002. Otros se jubilaron anticipadamente. Se incorporaron activistas revolucionarios a los diferentes ministerios e incluso a la Policía Metropolitana de Caracas, la Guardia Nacional, etc.
Se podría decir que la clase dominante había perdido en parte el control directo sobre su propio aparato estatal. Sin embargo, la estructura de ese aparato estatal seguía siendo básicamente la misma. Era un aparato estatal capitalista, dominado por una burocracia no elegida y que no rendía cuentas. Los trabajadores y campesinos venezolanos no controlaban el aparato estatal, ni siquiera en el momento álgido del proceso revolucionario.
El ejército, aunque parcialmente purgado y sin duda infectado por el contagio de la revolución, seguía siendo una estructura jerárquica y vertical. A pesar de algunos pasos dados hacia la creación de una milicia y de los rumores sobre armar al pueblo, el ejército capitalista permaneció intacto.
La burocracia estaba compuesta por elementos de la antigua burocracia estatal que simplemente cambiaron de color y ahora vestían camisas rojas, así como por una capa de advenedizos y arribistas que ascendían en las filas del propio movimiento.
Y esta burocracia actuó con todas sus fuerzas para sabotear los aspectos más radicales de la Revolución Bolivariana. Muchas veces eso significó un sabotaje directo de las instrucciones dadas por el presidente Chávez. El oficial del ejército de izquierda y político revolucionario Müller Rojas advirtió una vez que el presidente estaba «sentado en un nido de escorpiones», y no se equivocaba.
A veces parecía como si Chávez estuviera en la cima, las masas revolucionarias en la base y, en medio, una masa de burócratas conspiradores que actuaban como un enorme freno a la revolución.
Al final de su vida, Chávez parecía haberse dado cuenta de esto. Pronunció una serie de discursos en los que expresó su frustración. Uno de ellos fue un discurso ante el Consejo de Ministros en 2012, que fue retransmitido en directo por televisión y se conoció como «Golpe de timón».
En estos discursos se quejaba de que en Venezuela se llamaba «socialista» a muchas cosas (una fábrica socialista, una rotonda socialista), pero eso no reflejaba la situación real, solo era poner etiquetas a las cosas. «No podemos seguir construyendo fábricas que, en realidad, son islas en un mar de capitalismo, porque acabarán ahogándose».
En cuanto al Estado, insistió en que el antiguo Estado capitalista tenía que ser «pulverizado», convertido en polvo, y sustituido por lo que él denominaba un «Estado comunal». Pero, de nuevo, se quejó: «Hablamos de las comunas, pero ¿dónde están?».
Con la muerte de Chávez, todas las contradicciones se acentuaron y la burocracia reformista y contrarrevolucionaria logró tener vía libre.
Colapso económico
Durante un tiempo, los altos precios del petróleo (que alcanzaron los 100 e incluso los 120 dólares por barril) ocultaron la cuestión crucial de la necesidad de expropiar a la clase dominante. Parecía posible llevar a cabo un programa de reformas sociales masivas sin expropiar por completo a la clase dominante, aunque incluso esto se hizo a un costo muy alto en términos de mala gestión, corrupción, sabotaje, etc. Existía la ilusión de que el «socialismo petrolero» era posible. En efecto, esa era una versión del reformismo, cambiar el sistema poco a poco sin tocar la propiedad privada de los medios de producción.
Chávez estaba rodeado de todo tipo de «asesores» que promovían todo tipo de ideas confusas, bajo el disfraz del «socialismo del siglo XXI». Todos ellos eran reformistas de un tipo u otro y se oponían firmemente a cualquier idea de abolir el capitalismo.
Una vez que el precio del petróleo se desplomó, la ilusión se hizo añicos y la realidad se impuso. El impacto de la crisis capitalista de 2008 se atenuó en América Latina, porque la economía china siguió creciendo y, por lo tanto, siguió absorbiendo grandes cantidades de materias primas y fuentes de energía del continente. Pero en 2014, China se desaceleró, el precio del petróleo cayó repentinamente a un mínimo de 27 dólares por barril, lo que tuvo un impacto masivo en la economía venezolana.
El presidente Nicolás Maduro estaba ahora al mando. Tras la muerte de Chávez, se celebraron nuevas elecciones presidenciales en abril de 2013, que Maduro ganó por un estrecho margen (1,5 puntos porcentuales). En ese momento se le consideraba el sucesor de Chávez, quien lo había ungido como tal justo antes de su muerte.
La primera reacción de Maduro ante la caída de los precios del petróleo fue continuar con la política anterior de gasto social masivo. Dado que los ingresos del Estado se habían reducido drásticamente, esto provocó un enorme déficit fiscal. El Estado siguió financiando el gasto y el pago de la deuda externa mediante la impresión de dinero, lo que provocó una expansión sin precedentes de la oferta monetaria en un momento en que la economía sufría una fuerte contracción.
Inevitablemente, esto se tradujo en una inflación masiva y, posteriormente, en hiperinflación. Durante varios años, el Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de publicar las cifras económicas oficiales, pero cuando reanudó su publicación tuvo que admitir un periodo de cuatro años de hiperinflación entre 2017 y 2022. Según las cifras oficiales, la inflación alcanzó su punto álgido en 2018, con un 130.000 % anual. El BCV estimó que la inflación oficial acumulada entre 2016 y abril de 2019 fue del 53 798 500 %.
La economía se contrajo un 50 % entre 2013 y 2018, según cifras oficiales. El BCV nunca ha publicado una serie completa de crecimiento del PIB para todo el período, pero según las estimaciones del FMI, la economía se desplomó alrededor de un 75 % entre 2013 y 2021.
El colapso de la economía venezolana en este período debería ser una lección saludable para los defensores de la Teoría Monetaria Moderna y otras variantes de la economía keynesiana. La financiación del déficit —la impresión de dinero sin ningún respaldo real en el crecimiento económico— conduce inevitablemente a la inflación. Seguir una política de este tipo a gran escala conduce a la hiperinflación y a un colapso económico espantoso.
La clase trabajadora venezolana pagó un precio muy alto por estos experimentos keynesianos. Con el colapso de la moneda, muchos productos básicos y alimentos que se importaban dejaron de estar disponibles. Millones de personas se vieron obligadas a emigrar: hasta 8 millones en un período de diez años, de una población total de 30 millones. Bajo Chávez, la mayoría de los que abandonaron el país eran reaccionarios de clase alta y media desmoralizados por el avance de la revolución, que se trasladaron a Miami, Alberta o Madrid. Ahora, los que se vieron obligados a marcharse eran principalmente migrantes económicos de clase trabajadora, que acabaron siendo explotados por una miseria en otros países latinoamericanos.
Los que se quedaron en Venezuela sufrieron hambre y desnutrición, el impacto combinado de la escasez y el colapso del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. Los peores años de la crisis se conocieron como los «años del mango», ya que mucha gente sobrevivía gracias a los frutos de los mangos que crecían en las calles, los parques públicos y las plazas.
La crisis económica se agravó con la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Aunque estas ya habían comenzado en 2005, fue con la primera administración Trump cuando las sanciones unilaterales de Estados Unidos comenzaron a tener un grave impacto en la economía venezolana. En 2017, Washington prohibió a Venezuela el acceso a los mercados financieros estadounidenses, en 2018 prohibió la compra de deuda venezolana y en enero de 2019 impuso sanciones totales a PDVSA.
Este estricto régimen de sanciones limitó la capacidad del Gobierno venezolano para financiar su deuda y exportar petróleo, lo que supuso un doble golpe para los ingresos del Estado. Además, los fondos venezolanos en el extranjero fueron congelados o confiscados, no solo en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, donde el Banco de Inglaterra confiscó 31 toneladas de reservas de oro venezolanas que estaban depositadas en Londres.
Es importante señalar que se trataba de una política bipartidista, no solo un capricho del presidente Trump. De hecho, la base jurídica de las sanciones de Trump fue establecida por la Orden Ejecutiva 13692 de Obama, de marzo de 2015, que declaraba que la situación en Venezuela constituía «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
La contrarrevolución avanza
Cada vez más, las masas revolucionarias fueron empujadas a un lado y la dirección recurrió cada vez más al uso del aparato estatal, el sistema judicial y la represión policial para mantenerse en el poder. A pesar de ello, el carácter descarado y provocador de la oposición reaccionaria siguió provocando una reacción de las masas en momentos cruciales.
Ya en 2015, esto, junto con la crisis económica, comenzó a tener un impacto político. En diciembre de ese año, las fuerzas de la Revolución Bolivariana perdieron las elecciones a la Asamblea Nacional, con la oposición reaccionaria obteniendo el 56 % de los votos y la coalición del PSUV el 40 %.
Esto supuso una seria advertencia. Con la excepción del referéndum sobre la reforma constitucional de 2007, que el chavismo perdió por un estrecho margen (menos de un punto porcentual), la Revolución Bolivariana nunca había perdido unas elecciones.
Los resultados fueron un shock para las bases chavistas. Además, la oposición reaccionaria se comportó de manera extremadamente provocadora. Cuando tomaron el control de la Asamblea Nacional en enero de 2016, procedieron inmediatamente a retirar el retrato de Simón Bolívar de la cámara, revelando su verdadera naturaleza como lacayos del imperialismo. En algunos lugares, las clínicas de salud comunitarias, atendidas por médicos cubanos, fueron atacadas.
En respuesta, se produjeron manifestaciones y concentraciones espontáneas en defensa de la revolución. Estas fueron extremadamente críticas con la burocracia al frente del PSUV y del Gobierno, a la que muchos activistas revolucionarios consideraban responsable de la derrota. Mientras las masas exigían una radicalización de la revolución, la burocracia tomó el camino contrario.
Envalentonada por su victoria, la oposición lanzó una campaña para un referéndum revocatorio presidencial, un derecho democrático otorgado por la Constitución Bolivariana de 1999. Como era de esperar, no siguieron el procedimiento adecuado, falsificaron firmas y, finalmente, el proceso fue cancelado.
Además, la Asamblea Nacional de la oposición desafió una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el mandato de cuatro legisladores (tres de la oposición) del estado de Amazonas por acusaciones de compra de votos. Este desafío llevó al Tribunal Supremo a declarar a toda la legislatura en «desacato». Se produjo entonces un conflicto de legitimidad, ya que la Asamblea Nacional fingía seguir teniendo un mandato legal.
En 2017, la oposición contrarrevolucionaria respondió una vez más con una campaña de disturbios callejeros (guarimbas), como parte de un intento violento de derrocar al Gobierno. Se atacaron e incendiaron símbolos de los logros sociales de la revolución, como clínicas de salud, escuelas y emisoras de radio comunitarias.
En una de las protestas, Orlando Figuera, un joven de 22 años, fue atacado por una turba reaccionaria que pensaba que era un chavista o un malandro), lo que a los ojos de la oposición reaccionaria de clase alta y media es lo mismo. Le apuñalaron varias veces y luego le prendieron fuego. Murió a causa de sus heridas unos días después. Este incidente lo dice todo sobre el carácter de la oposición «democrática» venezolana y las protestas de guarimba de 2017.
Finalmente, las masas revolucionarias respondieron con manifestaciones masivas y tomando medidas directas para despejar las barricadas y los bloqueos de carreteras de la oposición, que les impedían llevar a cabo sus actividades cotidianas. Hubo una participación masiva en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 2017, ya que los trabajadores y los campesinos las vieron como una oportunidad para recuperar el control y cambiar el rumbo hacia una radicalización de la revolución. Se sintieron profundamente decepcionados cuando la burocracia mantuvo un firme control sobre la Asamblea, que se convirtió en un foro de debate vacío e ineficaz.
Vimos el mismo fenómeno en 2019, en el siguiente intento del imperialismo estadounidense y la reacción venezolana de aplastar la revolución. En ese momento, el líder de la oposición Juan Guaidó se autoproclamó presidente legítimo de Venezuela en una manifestación callejera, y fue inmediatamente reconocido como tal por Washington y las capitales europeas. Se produjo una nueva ronda de violentas manifestaciones reaccionarias y, una vez más, las masas revolucionarias salieron a las calles para derrotarlas.
No se puede culpar al sano instinto revolucionario antiimperialista de clase de las masas. Mientras tanto, la dirección llevaba a cabo una contrarrevolución silenciosa. Todo tiene sus límites y, al final, el espíritu revolucionario de las masas fue aplastado por la burocracia, lo que condujo al cinismo, el desánimo y la desilusión.
El punto de inflexión de 2018
Por supuesto, como hemos explicado, ya existía una burocracia reformista bajo Chávez, que desempeñaba un papel contrarrevolucionario. Pero en ese momento, el equilibrio de fuerzas era más favorable a las masas revolucionarias, y Chávez intervenía una y otra vez para impulsar toda la situación.
Ya en 2012, cuando Chávez se sometía a un tratamiento contra el cáncer en Cuba, la burocracia se movió para destruir los elementos de control y gestión obreros que existían en muchas de las empresas estatales y nacionalizadas.
Este fue particularmente el caso de la CVG, un conglomerado industrial en el estado sureño de Bolívar, que incluía la mayoría de las industrias pesadas (Alcasa, Sidor, Ferrominera, etc.). En una reunión con representantes de los trabajadores en 2010, Chávez había declarado el Plan Guayana Socialista, que incluía elementos de gestión obrera, como el derecho de los trabajadores a elegir a los presidentes de las empresas entre sus filas.
Todo el proceso tenía graves deficiencias, pero, no obstante, representaba un paso en la dirección correcta. Los trabajadores lo veían como una forma de tomar el control de las industrias pesadas de Guayana, que se habían visto afectadas por la corrupción, la mala gestión y la burocracia.
En cuestión de meses, la acción conjunta de la burocracia estatal, la policía, el gobierno regional y elementos de la antigua dirección, destituyó a todos los presidentes trabajadores y acabó con toda la experiencia. El proceso fue dirigido directamente por Nicolás Maduro, que por entonces se había convertido en vicepresidente, y fue llevado a cabo por la facción sindical burocrática que él había liderado, la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores (FSBT).
En otras empresas nacionalizadas que habían estado bajo alguna forma de control y gestión obrera, los presidentes obreros fueron destituidos y sustituidos por oficiales militares, que en la mayoría de los casos procedieron a saquear los activos de las empresas y a llenarse los bolsillos. Algunas de estas empresas quebraron y acabaron siendo privatizadas.
Decenas de empresas nacionalizadas por Chávez fueron devueltas a sus propietarios privados, entre ellas Fama de América, Abastos Bicentenario, Agropatria, los ingenios azucareros, Teleférico Waraira Repano, Lácteos Los Andes, Arroz del Alba, Complejo Porcino Barinas y Agroinlaca, entre otras.
Hubo resistencia, pero fue en su mayor parte aislada y, en última instancia, ineficaz. Este proceso tuvo lugar en todos los niveles de la organización revolucionaria. Dentro del propio PSUV, en los medios de comunicación estatales, en las organizaciones de base… todas las vías que las masas revolucionarias habían utilizado para participar directamente e intentar tomar las riendas fueron bloqueadas sistemáticamente.
Este proceso tuvo varios puntos de inflexión, pero quizás el momento clave fue en 2018. Las condiciones de vida de las masas se habían deteriorado tanto, y las políticas de la burocracia «bolivariana» —que muchos describían como una nueva «boli-burguesía»— eran tan contrarrevolucionarias, que se extendió un clima de oposición entre las bases chavistas. Así, hubo intentos de organizar una oposición a la izquierda del gobierno y la dirección.
En diciembre de 2017, varios candidatos revolucionarios se presentaron como oposición de izquierda a los candidatos oficiales del PSUV. La burocracia utilizó todo el poder del aparato estatal (los medios de comunicación estatales, los organismos electorales, el sistema judicial) para impedir que tuvieran eco y, cuando eso fracasó, simplemente se negó a reconocer su victoria.
El exministro de Comercio, Eduardo Samán, conocido por su feroz oposición a los capitalistas y las multinacionales, se presentó como candidato en Caracas al consejo del Libertador, que abarca la mayor parte del centro de la ciudad y los y pobres del oeste. El Estado maniobró para que su nombre no apareciera en las papeletas electorales y se dieron instrucciones para que no se le diera cabida en ninguno de los medios de comunicación estatales.
Aún más escandalosos fueron los casos de los candidatos revolucionarios de izquierda que se presentaron en el municipio Libertador de Monagas (Régulo Reyna) y en el municipio Simón Planas de Lara (Ángel Prado).
Régulo Reyna, respaldado por el Partido Comunista, obtuvo un 62 % de los votos, frente al 30 % del candidato del PSUV. Sin embargo, fue descalificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por ser miembro de la Asamblea Constituyente y, por lo tanto, no poder presentarse a las elecciones municipales. Curiosamente, el CNE solo se enteró de este conflicto después de que ganara las elecciones, derrotando al candidato oficial del PSUV.
En Simón Planas, el candidato revolucionario de izquierda Ángel Prado obtuvo el 57 % de los votos frente al 34 % del PSUV, ¡a pesar de que su nombre no aparecía en las papeletas! Sus victorias nunca fueron reconocidas.
La situación en el campo estaba llegando a un punto crítico. Se formó una alianza impía entre funcionarios locales corruptos encargados de la reforma agraria, la guardia nacional, jueces locales, antiguos terratenientes cuyas tierras habían sido expropiadas y nuevos aspirantes a terratenientes de la «boli-burguesía». Actuaron para quitarles la tierra a las comunas campesinas, con el fin de impedir nuevas ocupaciones de tierras en barbecho. En el proceso, no dudaron en utilizar todos los medios a su alcance para aplastar el movimiento campesino revolucionario, incluido el asesinato selectivo de sus líderes.
Cientos de campesinos se organizaron y emprendieron a pie una marcha de 400 km hasta la capital —la Admirable Marcha Campesina— para exigir tierras y el fin del sicariato, el asesinato de activistas campesinos por pistoleros a sueldo. Tres semanas más tarde, cuando finalmente llegaron a la capital, su camino fue bloqueado por la policía antidisturbios. Finalmente, la presión fue tan grande que el propio Maduro accedió a reunirse con ellos. Se hicieron muchas promesas, los campesinos regresaron a sus hogares y las promesas nunca se cumplieron.
Hasta ese momento, el gobierno había continuado más o menos con la misma política económica. Los controles y las regulaciones seguían existiendo, aunque muy debilitados. El enorme déficit fiscal se financiaba mediante la impresión de dinero, lo que a su vez alimentaba la hiperinflación. Entre la muerte de Chávez en 2013 y diciembre de 2017, la oferta monetaria aumentó nada menos que un 12 000 %. En un momento dado, el Gobierno no disponía del dinero necesario para comprar el papel de alta calidad necesario para imprimir billetes. La escasez de billetes, combinada con una inflación extraordinariamente alta, significaba que si se disponía del dinero en efectivo para comprar productos, se obtenía un descuento sustancial en el precio.
Las reservas del país se agotaron. Mientras tanto, el Gobierno siguió pagando su deuda a los inversores capitalistas extranjeros y nacionales.
La situación era insostenible. Las protestas económicas se extendían y amenazaban con convertirse en disturbios por alimentos. El espectro del Caracazo se cernía sobre el país. En ese momento, el Gobierno de Maduro decidió dar un giro radical a la política económica. Se abandonó el keynesianismo y la expansión monetaria y se introdujo un brutal paquete de medidas de ajuste monetarista. Los asesores rusos estuvieron en el país varias veces ese año y se dice que desempeñaron un papel importante en el diseño del plan. Anunciado en agosto de 2018, se le dio el nombre orwelliano de Programa de Prosperidad, Crecimiento y Recuperación Económica.
Se produjo una contracción repentina y brusca de la oferta monetaria. Como siempre ocurre, un choque monetarista significa que la clase trabajadora y los pobres son los que pagan el precio de la crisis. Los capitalistas habían trasladado todos sus activos a dólares hacía mucho tiempo.
El Gobierno emitió dos «instrucciones»: la Circular Memorándum 2792 y la Instrucción ONAPRE, que tuvieron como efecto la nivelación a la baja de los salarios de los trabajadores, la abolición de todos los derechos adquiridos y la destrucción de los derechos de negociación colectiva. A partir de entonces, el salario básico utilizado para calcular la remuneración de los trabajadores sería el salario mínimo. Dado que la mayoría de los trabajadores organizados habían conseguido salarios básicos varias veces superiores al salario mínimo, esto supuso una reducción salarial masiva. En el momento de la contrarreforma, el salario mínimo equivalía a 30 dólares al mes. A medida que la inflación continuaba, el 9 de enero de 2020 el salario mínimo mensual, teniendo en cuenta todos los aumentos que se habían producido, ascendía a solo 7,82 dólares.
Todas las bonificaciones y prestaciones adicionales adquiridas se consideraron sujetas a «revisión», en lugar de estar protegidas por la ley. En la práctica, los empleadores simplemente las derogaron. Con el pretexto de la «emergencia económica», todos los derechos de los trabajadores fueron destruidos de la noche a la mañana. En el sector público, el Gobierno impuso unilateralmente estas medidas perjudiciales sin consultar a los sindicatos y detuvo por completo las negociaciones colectivas, reconociendo así de facto la representación sindical.
Aumento de la represión
En ese momento, la clase trabajadora se enfrentaba a una desmoralización generalizada, al impacto de la grave crisis económica, a un éxodo masivo de sus filas, etc. Aun así, hubo cierta resistencia. Los activistas sindicales intentaron organizarse para defender sus derechos adquiridos. Cuando lo hicieron, se enfrentaron a una brutal represión estatal. Decenas de líderes sindicales fueron encarcelados, otros fueron amenazados con la legislación antiterrorista si emprendían acciones de huelga.
En varios casos, agentes de contrainteligencia militar o de la policía política enmascarados se llevaron a activistas sindicales en mitad de la noche para encarcelarlos. Se les negó el debido proceso, se violaron sus derechos democráticos y muchos pasaron varios años en la cárcel sin ser juzgados.
Uno de los casos más escandalosos fue el de Rodney Álvarez, trabajador de la planta de extracción y procesamiento de mineral de hierro Ferrominera del Orinoco, que fue encarcelado bajo falsos pretextos. Pasó once años en la cárcel esperando un juicio. Cuando finalmente se celebró, el juicio se vino abajo y tuvo que ser puesto en libertad sin cargos. Hubo muchos otros casos similares.
Tras varios años de esta brutal terapia de choque, la economía finalmente comenzó a recuperarse, pero solo después de un colapso del PIB de más del 75 %. Para entonces, la clase trabajadora se había atomizado y se había sometido por miedo.
La burocracia al frente del movimiento, tras haber perdido un importante apoyo popular, recurrió cada vez más a medidas represivas y al uso del aparato estatal para mantenerse en el poder.
Mientras tanto, la corrupción era rampante y los altos funcionarios del Estado y del partido se enriquecían. Los altos funcionarios del Estado y de la empresa petrolera eran denunciados regularmente por corrupción y encarcelados, otros se iban al extranjero. Más que una verdadera lucha contra la corrupción, se trataba de un caso de diferentes grupos de ladrones que se peleaban por el reparto del botín.
Quienes denunciaban esta situación eran encarcelados, como fue el caso de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, dos jóvenes activistas revolucionarios que trabajaban en PDVSA como ingenieros. Denunciaron un plan de corrupción dentro de la empresa y, como resultado, fueron condenados a cinco años de cárcel, acusados por el gobierno de «traición y entrega de secretos al enemigo». Después de tres años, tras pasar un año en la cárcel y dos bajo arresto domiciliario, fueron puestos en libertad sin cargos como resultado de una campaña de apoyo sostenida.
En 2020, varios partidos revolucionarios de izquierda decidieron crear una Alternativa Popular Revolucionaria (APR), con el objetivo de ofrecer una oposición electoral de izquierda al PSUV gobernante.
Para evitar que surgiera cualquier oposición desde la izquierda y las bases, el Estado también se embarcó en una campaña de destrucción y cooptación de los partidos políticos que consideraba un peligro potencial.
La burocracia estatal reaccionó con rapidez y, uno por uno, retiró el registro electoral a todos los partidos que podían haber ofrecido una vía para la oposición de izquierda. Este fue el caso de los Tupamaros, la UPV de Lina Ron y el PPT. El método utilizado consistió en provocar una escisión dentro de estas organizaciones, comprar a una parte de ellas y luego transferirles el registro electoral.
Al final, este ataque a los derechos democráticos llegó al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Este fue un hueso más difícil de roer, ya que el partido contaba con una militancia leal y resultó difícil encontrar una parte de su dirección que pudiera ser comprada. Esto no detuvo a la burocracia de Maduro.
En 2021, el PSUV perdió las elecciones a gobernador regional en Barinas, el estado natal de Chávez. Esto fue una muestra de lo impopular que se había vuelto Maduro como resultado de sus políticas contra la clase trabajadora y los pobres. El Estado decidió entonces inhabilitar al candidato opositor ganador, después de que se anunciaran los resultados, y obligó a repetir las elecciones. El candidato del Partido Comunista, al que se le había permitido presentarse la primera vez, fue ahora también descalificado sin dar ninguna razón, para evitar que los votos potenciales del PSUV fueran a parar al PCV. Aun así, la oposición reaccionaria ganó la repetición.
En 2023, crearon un falso Congreso del PCV compuesto por personas que no eran miembros, muchas de las cuales trabajaban para el Estado y otras que eran miembros de partidos rivales progubernamentales. A continuación, consiguieron que el Tribunal Supremo nombrara a los «dirigentes» elegidos en este «congreso» como representantes genuinos y legales del partido, otorgándoles el control del registro electoral del PCV.
La burocracia estatal no se detendría ante nada para permanecer en el poder, ya que este era la fuente de enormes privilegios y riqueza.
Para entonces, quedaba muy poco o nada de la Revolución Bolivariana. El control y la gestión obreros, tal y como existían, habían sido destruidos. En algunos casos, las colectividades campesinas habían sido expulsadas de las tierras expropiadas por Chávez, que estaban siendo devueltas a los terratenientes privados. Los derechos de los trabajadores habían sido destruidos y los activistas obreros encarcelados. A los partidos de izquierda se les habían quitado sus derechos electorales. Muchas empresas que habían sido nacionalizadas bajo Chávez ahora estaban siendo privatizadas.
En 2020, la llamada Ley Anti-Bloqueo se utilizó para revocar las leyes de la era Chávez que consagraron la primacía de la empresa estatal PDVSA en la industria petrolera. La ley, que se aprobó con el argumento de la necesidad de eludir las sanciones, representó sin embargo un grave retroceso y supuso concesiones sustanciales a las empresas multinacionales.
La participación revolucionaria masiva de la clase trabajadora y las masas pobres que caracterizó a la Revolución Bolivariana se había desvanecido, debido a la desmoralización, el peso aplastante de la crisis económica y el control burocrático y la represión de sus organizaciones.
Incluso los logros materiales de la revolución en materia de educación, salud y otros ámbitos se estaban erosionando lentamente.
Se había completado un proceso de contrarrevolución termidoriana*. El mismo partido gobernante seguía en el poder. Maduro había sido elegido por Chávez para sucederle al frente del movimiento, que aún conservaba todas las apariencias de la Revolución Bolivariana. En ocasiones, afirmaba seguir el legado de Chávez y hablaba de «bolivarianismo» e incluso de «socialismo». Pero el contenido era completamente diferente. De hecho, era todo lo contrario.
El hecho de que esta contrarrevolución se hubiera llevado a cabo bajo la bandera del «socialismo», el «bolivarianismo» y el «chavismo» tuvo un efecto profundamente negativo, ya que desacreditó ampliamente estas ideas a los ojos de millones de personas, que ahora las identificaban con un espantoso colapso de la economía y un régimen represivo.
Al final del proceso, lo que teníamos en Venezuela era un régimen burgués-bonapartista, basado en el control del aparato estatal y solo de forma residual en la lealtad de un sector de la clase obrera y los pobres hacia la memoria de Chávez y su instinto antiimperialista. La Revolución Bolivariana había desaparecido.
La Corriente Marxista Internacional (como se conocía a la Internacional Comunista Revolucionaria anteriormente) había desempeñado un papel clave en la organización de la solidaridad internacional con la Revolución Bolivariana mediante el lanzamiento y la promoción de la campaña «Manos fuera de Venezuela». Nuestro apoyo a la Revolución Bolivariana siempre fue incondicional, pero también crítico.
La transformación de la Revolución Bolivariana en su contrario no cambió en nada nuestra posición de oposición principista e incondicional a la agresión imperialista contra Venezuela. Nuestro lema siguió siendo «¡Manos fuera de Venezuela!», ya que la cuestión aquí es la injerencia imperialista de la potencia más poderosa y reaccionaria de la Tierra en los asuntos internos de una nación soberana de América Latina.
Independientemente de nuestra posición hacia el gobierno de Maduro, mantenemos nuestro rechazo a la agresión imperialista y la intimidación contra Venezuela. Es el pueblo de Venezuela quien debe decidir su propio futuro, libre de la intervención imperialista.
Las lecciones de la Revolución Bolivariana
La Revolución Bolivariana fue uno de los movimientos revolucionarios más inspiradores y radicales del siglo XXI. El equilibrio de fuerzas era extremadamente favorable a los trabajadores. Sin embargo, la revolución acabó siendo derrotada y revertida. Es importante comprender por qué y aprender las lecciones.
Hay dos lecciones principales que se pueden extraer de la Revolución Bolivariana, y están estrechamente relacionadas entre sí.
La primera es que la revolución nunca se completó, lo que tuvo consecuencias desastrosas. Se desafiaron el poder y los privilegios de la clase dominante, se llevó a cabo una expropiación parcial, pero nunca se derrocó el capitalismo. Los propietarios de los bancos, el capital, la industria y la tierra quedaron en gran medida intactos y utilizaron su poder económico para sabotear la economía a cada paso.
En lugar de completar la revolución con una expropiación total de la clase dominante y el imperialismo, una medida que habría contado con el apoyo entusiasta de la mayoría del pueblo, los líderes de la revolución aplicaron en la práctica una política de controles y regulaciones. Esto impidió el funcionamiento normal de la economía de mercado capitalista, pero no la sustituyó por un plan democrático bajo el control de los trabajadores. ¿Cómo podría hacerlo, si las palancas económicas clave seguían en manos privadas? Esto, junto con el sabotaje deliberado de la oligarquía y los ataques del imperialismo, condujo a la desorganización económica.
Mientras el precio del petróleo era alto, esta contradicción quedó enmascarada. Cuando se derrumbó, se reveló plenamente. La crisis económica que se desató bajo Maduro tenía sus raíces en el hecho de que la revolución no se había completado en el período anterior.
La clase dominante había perdido temporalmente el control del aparato estatal, pero en esencia seguía siendo el mismo, un instrumento en defensa de las relaciones de propiedad capitalistas. Bajo Maduro se fortaleció y se utilizó, brutalmente, contra cualquier amenaza al poder de la burocracia «bolivariana» por parte de los trabajadores y los campesinos.
Las políticas keynesianas ya no eran sostenibles. Las sanciones y el acoso imperialistas no dejaban margen de maniobra. La situación estaba en un callejón sin salida. Maduro y la burocracia eligieron el camino de la disciplina fiscal, creando las condiciones para la inversión privada y multinacional, haciendo que los trabajadores pagaran el precio mediante un choque monetarista, mientras se llenaban los bolsillos con las ganancias del poder.
Algunos pueden argumentar que no tenían otra opción. Eso es falso. Podrían haber optado por completar la revolución y expropiar a la clase dominante. Eso habría provocado una ira y una agresión aún mayores por parte del imperialismo, pero al mismo tiempo habría despertado un enorme entusiasmo entre las masas de trabajadores y campesinos de toda América Latina y más allá.
Las contradicciones tenían su origen en el hecho de que, bajo Chávez, la revolución nunca se completó. Llegó muy lejos. Hubo un proceso sin precedentes de radicalización y avance en la conciencia política entre amplios sectores de las masas revolucionarias. Pero nunca llegó hasta el final: el capitalismo nunca fue abolido. Eso, en última instancia, selló el destino de la revolución.
Esto nos lleva a la segunda lección. ¿Por qué fue así? ¿Qué faltaba?
No se puede culpar a las masas revolucionarias. En cada momento crucial demostraron un excelente instinto de clase. Mediante su acción directa derrotaron las conspiraciones contrarrevolucionarias de la oligarquía capitalista y el imperialismo. No una vez, ni dos, sino una y otra vez. Utilizaron su ingenio para avanzar, intentando tomar el poder en sus propias manos, y en muchos niveles lo consiguieron. Ocupaciones de fábricas, control y gestión obrera, comunas campesinas, organización vecinal, consejos comunales. Hicieron todo lo posible, demostrando, aunque de forma parcial, la capacidad de la clase trabajadora ordinaria para dirigir la sociedad. No se les podía pedir más.
En cuanto a Hugo Chávez, fue un líder honesto y valiente, comprometido con la causa del pueblo, capaz de sacar conclusiones muy avanzadas. Pero no era un marxista revolucionario, algo que él mismo admitió. A pesar de todas sus cualidades —y sin duda estaba muy por encima de cualquier otro líder de masas de izquierda del siglo XXI—, el hecho de que no fuera marxista significaba que había deficiencias y confusión en sus acciones.
Para que una revolución triunfe, no basta con que las masas sean valientes y avancen con decisión. No basta con tener un líder valiente. Estas cosas influyen, sin duda, y de manera muy importante, pero no son suficientes.
Lo que se necesita, y lo que faltaba en Venezuela, es un partido revolucionario armado con el poder de la teoría marxista. Un partido sirve como memoria viva de la clase trabajadora, como concentración de la experiencia de revoluciones anteriores, de victorias y derrotas anteriores, combinada con la comprensión científica de la sociedad y la lucha de clases que proporciona el marxismo.
Esa es la única garantía de victoria. Una revolución, por necesidad, es un período corto de tiempo, una ventana de oportunidad en la que el poder de la clase dominante se ve desafiado por la irrupción del movimiento de las masas. En todo caso, debido a la combinación de una serie de circunstancias particulares, la Revolución Bolivariana se prolongó notablemente. Pero, en última instancia, una revolución debe terminar o bien en la victoria de los oprimidos o bien en la derrota del movimiento por parte de la clase dominante.
La clase obrera aprende a través de la experiencia, y en el curso de una revolución su conciencia avanza a pasos agigantados. Pero no es posible que todas las lecciones necesarias se aprendan de manera espontánea, solo a través de la experiencia. En la Historia de la Revolución Rusa, Trotsky explica que la actividad espontánea de las masas no es suficiente para la victoria de la clase obrera. Sin una dirección revolucionaria de masas, la victoria no es posible:
«Sin una organización que la guíe, la energía de las masas se disiparía como el vapor que no está encerrado en una caja de pistones».
Esta es posiblemente la lección más importante de la Revolución Bolivariana: la necesidad de una dirección marxista revolucionaria, un partido, que debe prepararse de antemano y no puede improvisarse en el fragor de los acontecimientos. Esta es la tarea que tenemos ante nosotros. Su cumplimiento es el mejor homenaje que podemos rendir a los hombres y mujeres que se levantaron y se atrevieron a intentar tomar las riendas de su futuro.
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* De la «Reacción Termidoriana» en la Revolución Francesa del siglo XVIII, que comenzó el 27 de julio de 1794 (9 de Termidor en el efímero calendario revolucionario) cuando los montagnards —la facción más radical de los jacobinos— fueron derrocados.
Muchos de los «termidorianos» eran desertores jacobinos que, aunque luchaban por restaurar el orden y revertir las políticas más avanzadas del régimen revolucionario, defendían la República Francesa.