Como esperábamos, el 2008 fue un año decisivo en la lucha con la oligarquía político-económica nacional (el conglomerado reaccionario formado por la burguesía boliviana del campo y la ciudad, los dueños de las tierras, la banca, la industria y las minas, en alianza estrecha con sus amos imperialistas.) Desde su derrota en el campo abierto de las elecciones nacionales del diciembre del 2005, cuando Evo Morales fue elegido con el voto entusiasta de las masas de obreros y campesinos (con una votación récord del 54% de los votos), la derecha comenzó una escalada de saboteo económicos, trampas parlamentarias, tropiezos a la Asamblea Constituyente y arremetidas directas enarbolando demagógicamente la bandera de la autonomía departamental para alimentar la inestabilidad en el país y erosionar la base de apoyo del gobierno en las áreas urbanas.
A cada ataque, la dirección del MAS y el gobierno respondían tendiendo la mano a la derecha y al imperialismo, pensando que así iban a dividir el campo enemigo y forzar al diálogo y a la concertación a los sectores “patrióticos” de la burguesía nacional y de la oposición. En nombre de esta estrategia fue empujado a las dimisión el ex Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, con la idea ilusoria de que moderando la nacionalización de los hidrocarburos se iba a ganar apoyo internacional para la batalla interna contra las roscas de poder económico y social basadas sobre todo en el Oriente del país. Con el mismo argumento se sacrificó el carácter originario de la Asamblea Constituyente aceptando el poder de veto del viejo sistema político que la llevó al borde del fracaso.
El dialogo era y se demostró totalmente impracticable y sólo podía dar como resultado una derrota definitiva de la derecha y de la oligarquía, es decir expropiando la burguesía de su poder económico que sigue intacto y sobre el Estado; o la renuncia a las aspiraciones de cambio estructural que han sido el carburante de nuestro proceso revolucionario. El resultado del acuerdo logrado en el Congreso con los partidos de la oposición se parece más a la segunda de estas opciones, aunque haya sido presentado por la dirección del MAS como una victoria.
De referéndum en referéndum…
Con la Asamblea Constituyente implícitamente fracasada y con la derecha que avanzaba conquistando la Prefectura del Departamento de Sucre y la mayoría de los gobiernos departamentales y un saboteo económico que disparaba la inflación en todo el país, la oligarquía convocó referéndum en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija para que se aprueben los estatutos de la Autonomía. El contenido real de estos estatutos era el control por parte de la oligarquía de los poderes de defensa y el control del territorio, además de la reforma agraria y el control de los hidrocarburos. Se trataba de hecho del primer paso hacia la desintegración de Bolivia.
El 4 de mayo del 2008 representa el verdadero punto de inflexión y la inversión de una tendencia que estaba deteriorando todo el proceso de cambio. El referéndum autonómico en Santa Cruz fue rechazado por una movilización contundente de las masas que recorrió el país desde El Alto hasta el populoso Plan 3000 en Santa Cruz. En toda Bolivia multitudinarios cabildos convocados en nombre de la unidad del país acababan reivindicando la expropiación de la derecha y de la burguesía nacional saboteadora y la expulsión de los prefectos traidores. Particularmente en Cochabamba, un río de marchistas, en número igual al total de los habitantes de la capital departamental, exigía por segunda vez la renuncia del prefecto Reyes Villa, ya expulsado en las jornadas de enero del 2007 y nuevamente legitimado por el Vicepresidente Álvaro García Linera.
En Santa Cruz, una resistencia valiosa enfrentaba las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista, que demostraban todo su potencial bélico y al mismo tiempo su naturaleza profundamente minoritaria en la población. Pese a todos los fraudes y a la campaña de los medios de prensa el referendum autonómico fue un fracaso total. Votó a favor de la Autonomía menos de la mitad del patrón electoral y muchas ánforas fueron halladas ya llenas de papeletas anotadas con el sí.
Asustada por la masiva reacción popular que desbarató sus planes, prevaleció en la burguesía nacional la línea concertadora. Trataron de buscar salidas parlamentarias a la crisis institucional. Querían abrir en realidad un nuevo escenario de diálogo para dar aliento y fortalecer los partidarios de la conciliación dentro del gobierno y del MAS. A pocos días después del 4 de mayo el Congreso nacional aprobó la ley de convocatoria del Referéndum Revocatorio para confirmar o revocar el Presidente, su vice y todos los Prefectos, una ley propuesta por el MAS tras las jornadas de Enero del 2007 en Cochabamba que la oposición había considerado siempre inconstitucional pero que en ese momento aprobaron con amplia mayoría con el afán de desactivar la movilización popular.
El día del referéndum, el 10 de agosto, la derecha sufre una derrota importante ante nuevos levantamientos de obreros y campesinos. Evo Morales es ratificado con los dos tercios de los votos, el Prefecto de Cochabamba es revocado, y aunque la derecha logre confirmar las demás Prefecturas, su debacle es evidente. Envalentonadas por la victoria, las organizaciones sociales aglutinadas en la CONALCAM, Coordinadora Nacional por el Cambio, exigieron al gobierno la convocatoria del referéndum constitucional para someter al voto de una vez la nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en Oruro con el boicot de la derecha.
…defendiendo la Constitución de Oruro…
La Constitución de Oruro, aún con todas sus limitaciones, definía el latifundio por su extensión no por el hecho de cumplir con una función económica – social como actualmente, y por esta razón representaba una amenaza directa para la burguesía nacional cuyo poder reside justamente en la propiedad de la tierra y en el cariz agrario financiero del capitalismo boliviano. Los terratenientes bolivianos controlan los principales bancos del país, excluyendo los extranjeros, y junto a los inversores internacionales poseen 59 de las 63 millones de hectáreas de tierra cultivable del país. El carácter agrario financiero del capitalismo boliviano, resultado precisamente de la esencia colonial, atrasada y dependiente de la burguesía boliviana, es lo que hace imposible el desarrollo de Bolivia sobre bases capitalistas al generar una serie de vínculos y coincidencias de intereses entre la burguesía agraria y la industrial.
Terratenientes y banqueros desvían capitales en actividades especulativas y parasitarias y la propiedad de la tierra en sus manos obliga el pequeño campesinado a la pura subsistencia, genera relaciones laborales que rozan la esclavitud en el campo e impide desarrollar una agricultura orientada a la soberanía alimentaria y con la capacidad productiva de los países más desarrollados. Esto, a su vez, obstaculiza el desarrollo de un mercado interno que podría de alguna manera impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del país sin recurrir al capital imperialista, cuyo único interés es el saqueo de los recursos minerales, del gas y del petróleo de los cuales Bolivia es rica. La previsión de la Constitución de Oruro de limitar el latifundio a una extensión máxima de 5000 o 10000 hectáreas representaba un peligro vital para el capitalismo boliviano.
…hasta enfrentar el golpe de estado
En septiembre la reacción arma un intento de golpe de Estado desatando bandas fascistas en todo el Oriente que toman y saquean las instituciones públicas y símbolos del poder central. Particularmente significativa y explicativa de los intereses económicos y políticos detrás de este intento golpista es la toma del Instituto Nacional de Reforma Agraria de Santa Cruz de la Sierra, donde unionistas queman computadoras y archivos destruyendo el trabajo de años de saneamiento. El 11 de septiembre, en Porvenir, Departamento de Pando, un comando formado por la Prefectura organiza una emboscada a una marcha campesina que se dirigía a Cobija, dejando un saldo de varias decenas de muertos y desaparecidos, mientras en Tarija cívicos atentan a los principales gasoductos del país.
Los mismos medios de prensa nacionales informan de una dura discusión entre el Presidente Evo Morales y los mandos de las FFAA en la habitual reunión del lunes en el Palacio Presidencial. Evo exige que los militares salgan a defender edificios públicos y población civil, el comandante Trigo exige el derecho a matar y mantiene el ejército acuartelado esperando la evolución de los acontecimientos con una actitud tan ambigua y sospechosa que el primer acto del ejecutivo en este 2009 ha sido justamente el cambio de todos los componentes del Alto Mando Militar. El golpe de Estado cívico estaba abriendo las puertas a la reacción, pero las amenazas directas del Presidente venezolano Chávez a las FFAA bolivianas y sobre todo una oleada de marchas, bloqueos y movilizaciones campesinas, obreras y mineras derrotaron nuevamente a la contrarrevolución.
Sin embargo, la derrota del golpe reaccionario, que demostró la correlación de fuerzas favorable a obreros y campesinos es usada de nuevo por la dirección del MAS y el gobierno para abrir negociaciones ¡con los mismos que días antes habían organizado un golpe militar! Aterrorizados por las consecuencias del movimiento revolucionario que la oligarquía había desatado con sus provocaciones contrarrevolucionarias, la burguesía latino americana, reunida en Santiago de Chile, ejerce presión sobre el gobierno y la reacción para encauzar de nuevo las cosas por el camino de la institucionalidad burguesa.
La fuerza del pueblo y las claudicaciones del reformismo
La COB y el CONALCAM sellaron entonces un acuerdo histórico y se pusieron a la cabeza de la multitud que desde Cochabamba se preparaba a marchar a Santa Cruz para “expropiar latifundios y fabricas” como decía el texto del acuerdo. Una vez más un nuevo intento de dialogo reorientaba la movilización hacia el Congreso con el objetivo de cercarlo hasta la aprobación de la ley convocatoria del Referéndum Constitucional. Mientras los dirigentes de la marcha hacia La Paz juraban que no iban a aceptar el cambio de ni de una coma en el texto de la nueva CPE, las negociaciones en el Congreso ya la estaban alterando para “impedir que el país sea hundido en la guerra civil” y por las presiones internacionales.
Un nuevo artículo, el 399, aclara que la limitación a la extensión del latifundio no es retroactiva, es decir que en tema agrario todo queda como es ahora, mientras una norma transitoria tranquiliza las multinacionales al afirmar que en ningún caso la migración al nuevo régimen jurídico, que atribuye al pueblo boliviano la propiedad de los hidrocarburos, supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos, dejando aquí también todo igual. De la CPE aprobada en Oruro quedan, fortalecidos, los límites y las declaraciones de principio, por cierto importantes pero justamente en términos de principios. ¿Puede considerarse una victoria? La dirección del MAS afirma que ahora la derecha ha sido derrotada, como demuestran sus divisiones frente al acuerdo y el encarcelamiento de cívicos y autoridades como el Prefecto de Pando involucrados en el fracasado intento de golpe. Sin embargo parece una de aquellas épicas victorias de la antigüedad, como cuando le ejercito de un millón de persas derrotó en las Termopilas a 300 guerreros griegos pero salió con tales perdidas y tan desmoralizado de la batalla que perdió la guerra pese a su superioridad numérica.
Primer balance: gobernar con las masas…
Es imposible proponerse trazar las perspectivas del proceso revolucionario boliviano sin recordar la historia de estos primeros tres años de gobierno del MAS y sacar de ella las conclusiones correspondientes. Hay lecciones que deberían ser asumidas para alumbrar el camino futuro. La primera es que el único punto de apoyo del proceso de cambio que vive Bolivia es la fuerza, la confianza, la combatividad y la disposición a la lucha de las masas. Cualquier intento de buscar apoyo en otros sectores de la sociedad o en el exterior ha causado al proceso un alto costo en términos de avances y se ha demostrado totalmente precario. Tomemos el ejemplo de Petrobras y en general de la actitud del gobierno brasileño hacia Bolivia. La multinacional brasileña, principal inversor en tema de gas boliviano, había considerado “hostil” el decreto supremo que bajo el nombre de “nacionalización” imponía de hecho a las multinacionales un papel de dependientes del Estado, imponiéndoles en concreto un aumento impositivo hasta el 80% de las utilidades generadas y dejando a la empresa nacional YPFB el control de la comercialización y la propiedad del gas. Como consecuencia, Petrobras, Repsol YPF y las demás no podían inscribir este recurso como activo de sus balances patrimoniales viendo así reducido el valor de sus acciones en las bolsas valores.
El primer Ministro de Hidrocarburos, Solíz Rada, replicaba a las amenazas del gerente de Petrobras de congelar las inversiones con una ordenanza con la cual se nacionalizaban dos refinerías de propiedad de la multinacional brasileña y preparándose a utilizar los resultados de las auditorias a las multinacionales donde se prueban sus estafas y fraudes fiscales. Ya sabemos cómo fueron las cosas, Soliz Rada fue obligado a las
dimisiones por el Vicepresidente García Linera, la imposición fiscal a las multinacionales bajó al 50% y éstas según los nuevos contractos son socias del Estado y no subordinadas, lo que quiere decir poder considerar el gas que trabajan como en parte suyo. Las dos refinerías fueron compradas cuando hubieran podido revertirse sin costo, las auditorias que demostraron un daño al Estado de 1.000 millones de dólares provocado por las multinacionales son ahora inútiles como declara el Contralor Interino Herbas en rueda de prensa del 3 de enero.
A cambio de estas concesiones el gobierno ha recibido una huelga productiva con la caída de la producción de petróleo de 50 barriles diarios del 2005 a los 47 del 2008, y de las inversiones en tema de gas que bajó hasta menos de 50 millones de dólares en el 2007, cuando la misma Superintendencia de Hidrocarburos, que nos brinda estos datos, fija en 1000 millones de dólares anuales las inversiones necesarias en el sector para cumplir con los contractos de exportación y abastecer el mercado interno. Durante el fracasado intento de golpe de Estado, Celso Amorim, Canciller de Brasil, declaró públicamente su disposición a negociar la venta de gas directamente con los prefectos golpistas, dando una prueba más de la naturaleza en absoluto confiable del “apoyo externo” de gobiernos con intereses económicos y estratégicos directos en Bolivia.
…abandonando las ilusiones en el capitalismo
Asumir la lección que el avance al socialismo o siquiera los cambios estructurales que Bolivia necesita sólo pueden darse basándose
en las masas obreras y campesinas. Eso, concretamente, quiere decir abandonar cualquier ilusión en el dialogo y cualquier esperanza de encontrar una burguesía “patriótica” en la cual basar el desarrollo nacional. Significa abandonar cualquier esperanza en la posibilidad de negociaciones provechosas con el imperialismo y las multinacionales. En definitiva, abandonar cualquier ilusión en el capitalismo, ya sea como fin o como “etapa” hacia otro sistema.
Por el contrario, hay que mantener alta la moral de este poderoso ejército de obreros, campesinos, estudiantes y trabajadores que en 10 años ha obligado a retirarse a un ejército regular, ha derrocado dos Presidentes y derrotado dos intentos de golpe de Estado y que espera cambios radicales en nombre de los cuales luchar, soluciones a sus problemas de tierra, estabilidad laboral, salario, salud, vivienda, educación para sus hijos, etc. El peligro de una guerra civil no se combate obligando al ejército de las masas a la retirada, sino organizando sus fuerzas y alimentando su espíritu con las conquistas que reivindica. La debilidad invita a la agresión, pero como vimos la fuerza obliga a la retirada.
Para la burguesía nacional dialogo y ofensiva son parte de un mismo plan: aguar y seguir aguando el proceso de cambio hasta empaparlo en el escepticismo y la decepción. No lo lograron todavía porque no tienen la fuerza suficiente para infligir a las masas una derrota en campo abierto. No lo lograron pero a esto apuntan y con el firme control que mantienen sobre la economía y el aparato estatal lo lograrían antes o después sin un cambio cualitativo en la estrategia del gobierno y una inversión de marcha en la dirección del rumbo del proceso revolucionario.
¿La derecha ha sido derrotada?
En el fútbol americano el equipo que está atacando tiene 4 intentos de avanzar 10 yardas y mantendrá la posesión del balón hasta acabar sus intentos pese a los esfuerzos del equipo que defiende. Para el reformismo en general la lucha de clases, el motor de la historia y de nuestra historia presente, debe parecerse a un partido de este deporte. Pero las lecciones de estos tres años demuestran que no hay posibilidad de avanzar de manera gradual y linear y que nadie nos dejará acabar nuestros 4 intentos antes de intentar tratar la pelota. La lucha de clases es más parecida a una pelea callejera o un encuentro de boxeo donde quien golpea primero golpea dos veces y golpea para hacer daño y finalmente acabar con su adversario, tirarlo al piso. Nos habían dejado imaginar que con el triunfo electoral del 2005 pudiera comenzar un camino que de victoria en victoria nos hacía llegar a la meta final. Al contrario, el enemigo está siempre dispuesto a las puertas y creer haberlo derrotado cuando sigue representando un peligro es el primer paso para perder la pelea.
La burguesía nacional y el imperialismo no solo mantienen su poder económico, sino que además salen de esta ronda con una nueva legitimación que proviene precisamente de aquella CPE que combatían. Mantienen las propiedades “legalmente” tituladas antes de la vigencia de la nueva CPE, mantienen casi intacto su poder saqueador sobre los recursos naturales, mantienen algunas prefecturas y mantienen también en varios departamentos grupos de choques armados. También en Enero del 2006 se decía que la derecha había desaparecido del país y se creía que la sucesiva elección de la Asamblea Constituyente lo habría demostrado. Ya sabemos cómo acabó.
Las perspectivas del capitalismo andino…
El 2009 será un año electoral, se comienza el 25 de Enero con el Referéndum Constitucional, se acabará con toda probabilidad el 9 de diciembre con las elecciones generales de Presidente, Prefectos y Parlamento. Esto condicionará sin duda el desarrollo de la lucha de clases, pero no podrá frenarla ni limitarla sólo al marco del parlamentarismo. El gobierno pese a todo lo ocurrido sigue apostando al desarrollo del país a través de una economía mixta con un fuerte papel regulador del Estado en la economía, es decir, el mantenimiento del capitalismo. En concreto el Estado tomaría la supervisión de los recursos estratégicos a través de la palanca fiscal y no el control directo que, sobre todo en la minería, queda firmemente en manos privadas.
La intervención del Estado se haría efectiva y directa para fortalecer aquellos sectores considerados “derechos humanos”, como la comunicación, de allí la nacionalización de Entel, o de sectores marginalizados por la inversión privada, como la metalurgia, nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto, producción agrícola orientada a la soberanía alimentaria y transporte aéreo, fundación de la EMAPA, empresa de producción y comercialización agrícola, y BOV, boliviana de aviación. Al mismo tiempo avanzando con el proceso de saneamiento de tierras y con el crédito orientado a la pequeña empresa fomentar la difusión de un capitalismo de pequeños propietarios y empresarios, la base social para la vía nacional al capitalismo, humanizado con un poncho andino.
Hay una serie de cuestiones muy concretas que hacen ilusorio este plan. El intento de consolidar una burguesía nacional fue lo que caracterizó el MNR y su tergiversación de la revolución del 1952. En un buen estudio publicado por la Fundación Tierra con el titulo Los barones del Oriente se describe justamente la política del MNR de intervención estatal en la economía con un afán regulador de la misma y de apoyo al fortalecimiento de una burguesía productiva a partir del sector agrícola y las concesiones de tierras en el Oriente, cuyo resultado ha sido la oligarquía parasitaria y golpista de la Media Luna y la consolidación del capitalismo agrario – financiero boliviano. Bolivia es un país capitalista atrasado cuya burguesía depende en larga medida del espacio que el imperialismo saqueador le concede y dentro la división internacional del trabajo es y será siempre para el capitalismo un país exportador de materias primas sin valor agregado, es decir sin un aparato productivo industrial. Los capitalistas nacionales se acomodan fácilmente a esta condición que le da de toda manera poder y beneficios, y además el imperialismo es para ellos un apoyo fundamental para contrarrestar el espíritu revolucionario históricamente demostrado por los trabajadores y campesinos de Bolivia.
…frente a la realidad nacional…
La segunda consideración es que el capitalismo de pequeños productores pregonado por los sostenedores del capitalismo andino es ya una realidad en Bolivia, una realidad que siembra miseria. Las estadísticas de FUNDEMPRESA demuestran que el 74% de las empresas que nacen en el país son unipersonales y orientadas sobre todo al comercio y a las pequeñas actividades empresariales. Este sector genera el 80% de las fuentes de trabajo y solo el 20% de la riqueza nacional, es decir reparte miseria y las peores condiciones laborales. La agricultura pequeña y mediana, basada en propiedades de un promedio de 20 hectáreas ha pasado de representar el 85% de la producción agrícola en el 1971 al 48% del 1997 por su incapacidad de competir con la producción agrícola de corte industrial nacional, de la cual ahora en larga medida depende, y sobre todo de la internacional.
En definitiva, la idea de regular lo que no es tuyo, el capitalismo, no hace más que transferir recursos al servicio del capitalismo, desviándolos de mejores usos. EMAPA por ejemplo nace con la función de contener la subida de los precios de los alimentos, pues no controlando ni la producción agro-industrial ni el comercio provoca ya una hemorragia de dinero tal que en Cochabamba vio sus instalaciones ocupadas por campesinos a los cuales no se les pagaba el trabajo. Por no hablar de la cuestión de la escasez de diesel y gasolina, ejemplar en este sentido porque demuestra como el saboteo productivo de las multinacionales, amparado por los nuevos contratos y las normas transitorias de la nueva CPE, representa un alto costo político para el gobierno, en términos de apoyo social, y de dinero público siendo el diesel principalmente importado y vendido en el país a un precio subvencionado.
Y podríamos hablar de la cuestión minera, con una sola empresa multinacional, San Cristóbal en Potosí, que por sí sola ha representado el 50% del crecimiento del PIB en el 2008, que emplea sólo a 200 trabajadores y genera exportaciones por centenares de millares de dólares diarios (800 millones en un semestre) de los cuales el 55% se va directamente al exterior por costo de transformación del mineral mientras el departamento donde opera, Potosí, sigue siendo el más pobre del país. Enésima demostración: el caso de la empresa Vinto, nacionalizada pero tan pobre en recursos económicos que tiene millones de dólares de deuda con la otra empresa nacional minera, la mina Santa Lucia en Huanuni. Bolivia necesita para su desarrollo concentrar todos los recursos de los que dispone, y primeramente revertirlos a los trabajadores y campesinos, expropiando bancos, latifundios, grandes empresas y controlando directamente los recursos mineros y los hidrocarburos.
… y a la crisis mundial del capitalismo
Finalmente la crisis internacional del capitalismo hace aun más inútil los esfuerzos de encaminar el país a un desarrollo capitalista “democrático – popular”. Hasta noviembre el gobierno seguía tranquilizando el país sobre el hecho que la crisis afectará nuestra economía solo marginalmente, porque con el colchón de 8000 millones de dólares en superávit fiscal acumulado en los últimos 3 años estamos seguros. Éste monto efectivamente podrá por un tiempo mitigar los efectos de la crisis, pero solo parcialmente y solo temporalmente. En primer lugar los economistas del gobierno han dado muchas pruebas de no haber entendido la profundidad misma de la crisis. En noviembre se podía leer todavía un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda que anunciaba un nuevo año de crecimiento económico y del superávit aun con una caída
a 74 dólares por barril del petróleo.
La cotización de las materias primas es fundamental para nuestra economía. El petróleo ya sabemos sigue flotando por debajo de los 50 dólares, el zinc por debajo de los 50 centavos de dólar la libra fina, etc. En esta situación el mismo Ministro de Hacienda se ve hoy obligado a declarar que el presupuesto del 2009 está condicionado por la crisis internacional, y con él los casi 2.000 millones de dólares de inversiones productivas que deberían generar 80.000 fuentes de trabajo, dos tercios de ellos eventuales, y reactivado algunos sectores. La burguesía nacional y el imperialismo están ya al contraataque: centenares de mineros ven amenazadas sus fuentes de trabajo, empresas mineras como Sinchi Wayra anuncia despidos de 800 trabajadores como regalo navideño y exige a los demás extender la jornada laboral a 12 horas por 14 días consecutivos con 7 de descanso.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exige al gobierno una devaluación competitiva de la moneda nacional, que se había apreciado por efecto del superávit en la balanza comercial, y la reducción del gasto publico. A partir del segundo semestre de este año, cuando más evidentes serán los efectos de la crisis, aumentaran la presión hacia la clase trabajadora boliviana que ya ha pagado duramente la bonanza económica con una reducción del 7% en solo un año del salario real y un correspondiente aumento de 3 horas promedio de la jornada laboral. El gobierno estará entre la espada de la presión de su base social y la pared de los límites capitalistas. Manteniéndose la huelga productiva y cumpliéndose el anuncio de la misma CEPB que prevé una reducción del 57% de las inversiones productivas, la inyección de dinero público en la economía sin generar trabajo estable y actividades productivas seria la gasolina echada sobre un fuego de inflación de dos dígitos y desempleo creciente.
Conclusión
La nueva CPE promete trabajo digno y estable, educación, vivienda y salud para todos y obliga el Estado a garantizarla. Esta esperanza choca frontalmente con el cómo el gobierno piensa hacerla realidad. Aunque el 2009 nos lleve de elecciones en elecciones la contradicción entre las expectativas populares y el panorama político y económico general está destinada a estallar nuevamente. La lucha de clases se irá imponiendo en su autentica naturaleza de lucha por la apropiación de la riqueza producida por los trabajadores y lucha por decidir qué clase social dirige la sociedad. La tarea más urgente para el movimiento de los trabajadores bolivianos es armarse nuevamente para esta confrontación inevitable para decidir quién pagará los efectos de la crisis. Si cómo dijimos trabajadores, jóvenes y campesinos de Bolivia son el único apoyo de la revolución, el gobierno está destinado a enfrentar pruebas aun más duras y su base social a aprender y rápidamente, lecciones más profundas. Las filas del movimiento de los trabajadores y campesinos está, como dijimos, intactas y tienen confianza en sus fuerzas. Las vacilaciones del gobierno frente a la crisis no pueden justificarse con ninguna argumentación táctica y siembran una desorientación fatal, como hizo en su tiempo la UDP. Nuestra batalla organizada con el proceso y contra el reformismo es la esencia misma de la defensa de nuestra revolución.
Enero 2009
