Escrito por Alan Woods en septiembre de 1971, dos años antes del golpe militar de Pinochet, este artículo advertía de la amenaza de un golpe militar si el gobierno de la Unidad Popular no conseguía movilizar a las masas y llevar a cabo un auténtico programa socialista.
La elección del «Gobierno de Unidad Popular» en Chile el pasado mes de noviembre [de 1970] fue un acontecimiento de gran importancia para todo socialista. Tanto la prensa capitalista como las revistas del Partido «Comunista» lo han presentado como un paso hacia el Socialismo «a través de las urnas». La experiencia del Gobierno de Allende servirá como prueba de la posibilidad de la «vía parlamentaria al socialismo» y contiene lecciones vitales para todo miembro pensante del movimiento obrero.
«Frente Popular»
Contrariamente a la leyenda, fomentada asiduamente por los estalinistas, no hay nada «único» en los acontecimientos de Chile. Allende no hace más que repetir la experiencia de los gobiernos de «Frente Popular» de preguerra en España/Francia y en el propio Chile. Contra el «optimismo» sacarino de los «teóricos» del PC debemos señalar que en todos los casos el «frente populismo» ha llevado a una sangrienta derrota de la clase obrera.
El gobierno de Allende es una coalición del Partido Socialista y el PC, con una serie de partidos y agrupaciones «democráticos» de clase media, algunos de ellos tan pequeños que no dejan huella en la vida política del país: los Radicales, los «Socialdemócratas», el MAPU y la API.
La «teoría» del frentepopulismo sostiene que los partidos obreros deben unirse en el parlamento con los partidos de la burguesía «liberal» para ganar a las clases medias a la reacción. En realidad, partidos como los Radicales no son los representantes políticos de la clase media, sino sus explotadores parlamentarios. La función de los Radicales es mantener a la clase media bajo el yugo del Gran Capital mediante el engaño, la mentira y la demagogia «democrática». Estos bloques sin principios con los engañadores profesionales de la clase media sólo pueden servir en última instancia para desmoralizar y desorientar a estos sectores, a los que sólo se puede ganar con políticas de clase audaces. Pero una política firme y revolucionaria sólo puede provenir de partidos que se basen en los intereses de clase del proletariado.
El colaboracionismo de clase, no importa bajo qué bandera «socialista» o «comunista» se esconda, siempre ha tenido resultados nefastos para la clase obrera. La variedad chilena no es una excepción.
Masas radicalizadas
En su primer periodo de vida, el gobierno de Allende ha cosechado algunos éxitos aparentes: leche gratuita para los escolares, subida del salario mínimo y de las pensiones, congelación de alquileres y precios, nacionalización del cobre, rebaja de la edad de voto a los dieciocho años e inicio de una reforma agraria.
Estas reformas han sido acogidas por las masas con enorme entusiasmo: siempre que el pueblo oprimido y desmoralizado ve a un gobierno que parece ir en serio, tomando medidas reales para mejorar su suerte, la respuesta es dramática. Sin lugar a dudas, la inmensa mayoría de los campesinos y trabajadores ven a este gobierno como «su» gobierno y lo apoyan acríticamente en esta etapa.
En las elecciones del sindicato de estudiantes (FECH) celebradas poco después de la confirmación de Allende como Presidente, los candidatos que representaban a los partidos del «Frente de la Unidad Popular» arrasaron, aumentando sus votos en un 40%. Como siempre en estos casos, los estudiantes son un barómetro de las tendencias de la sociedad en su conjunto.
Las elecciones municipales celebradas en abril revelaron el mismo profundo proceso de radicalización de las masas trabajadoras.El porcentaje de votos del PC en estas elecciones pasó del 15,9% (1969) al 17,36%, pero el porcentaje socialista se disparó del 12,2% al 22,89% de los votos. El voto del PS casi se duplicó en estas elecciones. El Partido Nacionalista, de derechas, que sufrió un fuerte retroceso, cuenta ahora con el 18% de los votos.
Sin embargo, el resultado más significativo fue el voto de los radicales. Su porcentaje de votos ha pasado del 13,0% en 1969 a sólo el 8,18%. Se ha intentado explicar este descenso por la escisión del ala derecha de los radicales. Pero lo cierto es que los Radicales fueron el único de los grandes partidos de la Unidad Popular que sufrió un revés en las urnas. La conclusión es clara. El apoyo al gobierno de Allende representa el apoyo a políticas socialistas.
Es significativo que el Partido Socialista -que se sitúa (verbalmente, al menos) a la izquierda de los «comunistas»- recibiera el voto de confianza más dramático. Por otra parte, los socios burgueses de la coalición no tienen ningún apoyo entre las masas. Representan los prejuicios de la clase media de ayer. No hay futuro para esa clase sobre la base del capitalismo. La política de los radicales es la muerte de la clase media. Están condenados a declinar aún más en los próximos meses. La cuestión del comportamiento futuro de la clase media no puede ser determinada por maniobras parlamentarias, sino por el derrocamiento revolucionario del capitalismo. Una política revolucionaria audaz galvanizaría a los intelectuales, a los pequeños comerciantes y a los campesinos en torno a la clase obrera. Las combinaciones sin principios sólo sirven, en última instancia, para empujar a la desesperada clase media a los brazos de la reacción.
El campesinado
La situación en Chile hunde sus raíces en el problema agrario. La victoria de Allende sólo fue posible gracias al fracaso del «liberal» democristiano Frei en su intento de desmantelar los latifundios y entregar la tierra a los campesinos.
Las condiciones de los campesinos quedan ilustradas por la situación de la provincia de Cautín, en el Sur. Los indios mapuches, que constituyen el 75% de la población de esta región, sólo poseen el 25% de las tierras cultivables. El 37% de estos campesinos son analfabetos, 20.000 (de 190.000) están desempleados. Tienen la tasa de mortalidad infantil más alta del país.
Bajo el gobierno de Frei, las masas campesinas fueron engañadas con pródigas promesas de reforma agraria. Pero al final los campesinos se dieron cuenta de que los políticos les estaban traicionando. Cuando los campesinos hambrientos de tierra, desesperados, intentaron apoderarse de ella, fueron recibidos con plomo. En 1968, se enviaron tropas y carros blindados para sofocar una huelga campesina legal. Al año siguiente, 200 soldados de la odiada Guardia Móvil mataron a ocho campesinos e hirieron a otros veintisiete en Puerto Montt. Los pobres de las aldeas de Chile aprendieron una dura lección sobre el valor de la «reforma» liberal.
La elección de Allende hizo ver a los políticos que los campesinos ya no estaban dispuestos a dejarse engatusar con promesas vacías de reforma que se reducían a una hipócrita defensa de los Grandes Terratenientes.
La noticia de la victoria de la Unidad Popular encendió una chispa de esperanza en las mentes de las masas desalentadas de los campesinos. En los seis primeros meses, los campesinos indígenas de Cautín llevaron a cabo cincuenta y seis tomas de tierras. Las masas desposeídas comprendieron instintivamente que sólo una ofensiva revolucionaria podía romper el férreo dominio de los terratenientes.
Haciendo un llamamiento militante a los campesinos, Allende podría haber movilizado incluso a los sectores más atrasados y arruinados de la sociedad en defensa de la revolución chilena. Un campesinado armado, organizado en comités campesinos, habría aplastado a sus opresores con un mínimo de derramamiento de sangre. El poder de los terratenientes habría sido aplastado para siempre, y con él las esperanzas de un vuelco reaccionario en Chile.
En lugar de eso, Allende ha dedicado todas sus energías a impedir que los campesinos se apoderen de las tierras. Lejos de arengar a las masas, sus llamamientos han consistido en advertirles de que «no provoquen a la reacción». Huraños, desconfiados, los indígenas se retiraron -¿pero no habían oído antes este tipo de cosas? ¿No solían cantar la misma canción los demócrata-cristianos?
Armado por Reacción
El «Camarada Presidente» -como le gusta llamarse a sí mismo Allende- se ha pasado los últimos meses practicando esta canción en varios tonos: «No provoquen la Reacción», «No den excusas a las fuerzas antigubernamentales para actuar».
Por desgracia, los acontecimientos han demostrado que la reacción no necesita excusas para actuar.
Los terratenientes -especialmente en Cautín- se están armando hasta los dientes para la lucha. Pablo Goebbels -propietario de una enorme finca- declaró públicamente que cualquier funcionario del gobierno que viniera a expropiar sus tierras sería recibido con ametralladoras. Para subrayar el punto, Goebbels ha comprado una gran cantidad de armas en Argentina.
Según un informe oficial de la policía, «más de 2.000 hombres han sido reclutados en destacamentos de asalto con el fin de provocar averías en el sistema de transporte, interrumpir el suministro de agua, gas y electricidad y causar así un descontento generalizado.»
A principios de año, la policía de Santiago descubrió un gran alijo de revólveres, ametralladoras, subfusiles y rifles en el domicilio del comandante José Cabrera. Las investigaciones demostraron la existencia de una organización de tipo fascista de ámbito nacional denominada «Patria y Libertad», comprometida con un programa de terror, asesinato y subversión contra el gobierno.
Ya antes de la elección de Allende, la reacción golpeó. El 22 de octubre de 1970, René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, fue abatido cuando se dirigía al Ministerio de Defensa. Las investigaciones posteriores establecieron la existencia de un amplio complot en el que participaban organizaciones de ultraderecha (Legión Alessandrista, No entreguemos a Chile, Ofensiva Nacionalista y Frente Republicano Independiente) que se complotaron para llevar a cabo actos terroristas en diversos lugares de Santiago. Entre las treinta y dos personas detenidas figuran un almirante, varios latifundistas, generales y personalidades políticas.
Intento de asesinato
Se han producido tres atentados contra la vida de Allende, en los que han participado bandas armadas. El asesinato de Schneider pretendía provocar una crisis e impedir la investidura de Allende como Presidente. Su fracaso fue seguido de una tregua. Luego, en junio de este año, un ex ministro derechista del gobierno de Frei -Edmundo Pérez Zujovic- fue ametrallado. El asesinato tenía todas las características de una provocación contra el gobierno.
La prensa de derechas ha levantado un clamor por el «desarme de los grupos políticos». La intención es clara: obligar al gobierno de Allende a desarmar a los obreros y campesinos, mientras se permite a la Reacción almacenar armas.
Ninguna clase dominante cede jamás su poder y sus privilegios sin librar una lucha sin cuartel. Mientras Allende predica «responsabilidad» y «disciplina» a las masas, la reacción está reuniendo fuerzas para un contragolpe. Sobresaltada por la victoria de Allende y doblegada por el movimiento de masas, la clase dominante se ha visto obligada a jugar a ganar tiempo, al menos por el momento.
Los terratenientes y los capitalistas comprenden que es imposible derrocar al gobierno de la Unidad Popular en esta fase. Las masas están en un estado de ánimo agresivo y seguro de sí mismas. En estas circunstancias, un intento de golpe de Estado podría conducir a una explosión, cuyo resultado podría ser desastroso para su clase.
Sin embargo, se están haciendo cuidadosos preparativos, se están recogiendo armas, se están urdiendo complots en la cúpula del ejército y de la Administración Pública. El peligro es muy real.
Cretinismo parlamentario
En su ceguera reformista, Allende imagina que su posición puede mantenerse mediante maniobras «inteligentes» en el parlamento. La iniciativa revolucionaria de las masas no figura en sus planes. Sin embargo, para preservar su reputación de «marxista» y «revolucionario», el «camarada presidente» avanza consignas demagógicas como: «El pueblo ha ganado el gobierno. Ahora debe ganar el poder».
Con esta fase alada, Allende desea colocar toda la responsabilidad de su propia ineptitud sobre los hombros de las masas. Como Poncio Pilatos, se lava las manos de su propia responsabilidad y aconseja piadosamente a las masas que «ganen el poder» – al mismo tiempo que les pide que no actúen, que no «provoquen a la reacción». Cabe preguntarse cómo es posible «conquistar el poder» sin provocar a la reacción. Pero tales contradicciones no molestan al «Camarada Presidente», que se enorgullece de su desprecio por la teoría «dogmática».
En una entrevista con Regis Debray -quien de manera complaciente alimenta a Allende con preguntas convenientemente educadas sobre la viabilidad de la «vía parlamentaria»- Allende propuso la idea de una cámara única para vencer la obstrucción del Senado y la creación de «tribunales populares». Evidentemente estaba ajustando el tono de sus argumentos a su compañía, porque el «Camarada Presidente» no bien encontró resistencia en el Parlamento, ¡dejó de lado su cámara única, con tribunales populares y todo! No sin un toque de maliciosa ironía, el corresponsal de The Economist citó la respuesta de Allende de que «por el momento, los cambios constitucionales no ocupan un lugar prioritario en su lista de prioridades».
El desprecio altivo y burocrático con que Allende trata a las masas sólo es igualado por sus colegas del llamado Partido «Comunista», uno de los cuales, según se informa en The Economist (10 de abril), comentó:
«Queremos al pueblo con nosotros, pero no se les debe permitir ir más allá de la línea del gobierno».
Esa «línea de gobierno» se la marca a Allende la clase dominante chilena. Su misma confirmación como presidente se condicionó al compromiso de no ir más allá de la Constitución. Los representantes del gobierno «revolucionario» -frente a un ultimátum de la Democracia Cristiana- «transigieron» y firmaron el tristemente célebre Estatuto de Garantías Democráticas.
Allende entiende muy bien lo que debe hacer y lo que no debe hacer para no tener problemas con los poderes fácticos. Por un lado, se le permite amablemente mantener tranquilas a las masas otorgándoles una serie de concesiones secundarias, que no alteran el equilibrio fundamental de poder de clase y que pueden ser retiradas al día siguiente, cuando las masas estén desmoralizadas y sean incapaces de resistir. Puede pronunciar tantos discursos demagógicos como quiera, siempre que ninguno de ellos conduzca realmente a una acción decisiva por parte de los obreros y campesinos.
Por otra parte, los terratenientes y capitalistas se asegurarán de que las nacionalizaciones no lleguen a quitar el poder de las manos de las cincuenta empresas gigantes que controlan la mayor parte de la economía chilena. Allende no debe interferir con las fuerzas armadas. No debe actuar contra la «libertad» de la prensa monopolista que vierte diariamente un torrente de trapos sucios y mentiras contra el régimen «marxista». Sobre todo, no debe intentar alterar la Constitución, que le tiene encorsetado y permite a la oposición democristiana, al Senado y al Tribunal Supremo bloquear y sabotear la legislación fundamental.
El papel de los órganos del Estado queda patente en el comportamiento del Tribunal Supremo en la investigación del asesinato del general Schneider. El senador Raúl Morales Adriasola, del derechista Partido Radical Democrático, fue implicado en el complot y el Fiscal Militar exigió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Adriasola fue acusado de organizar una conspiración que consistía en traer quinientas ametralladoras de Argentina para derrocar al gobierno. El Tribunal de Apelación aprobó el levantamiento de la inmunidad, pero el Tribunal Supremo anuló la decisión, protegió a Adriasola y frustró las investigaciones posteriores.
La clase dominante ha elaborado una conveniente división del trabajo: las bandas reaccionarias organizan provocaciones armadas en las calles, mientras que los democristianos actúan como tapadera «respetable» en el Parlamento. Bajo el lema de «impedir los excesos marxistas», los democristianos obstruyen y sabotean las reformas. Sobre todo, tienen la vista puesta en el programa agrario que, gritan, avanza demasiado rápido, »poniendo en peligro la producción de alimentos».
Con esta fórmula astuta e hipócrita, estos señores «cristianos» culpan de antemano a la Unidad Popular de la terrible hambruna que los terratenientes y capitalistas pretenden infligir al pueblo chileno. Ya llegan noticias del campo sobre la matanza de ganado y la no siembra de granos.
La única manera de evitar el colapso total del abastecimiento de alimentos a las ciudades es movilizar ahora a los campesinos, para que se apoderen de los grandes latifundios. Allende está hipnotizado por la aparente fuerza de la Democracia Cristiana. Pero la fuerza de ese partido se basa en la inercia de las masas campesinas. Una solución revolucionaria del problema agrario conquistaría a la masa campesina: la Democracia Cristiana se rompería en pedazos.
En lugar de apoyarse en el campesinado revolucionario, Allende prefiere un acuerdo parlamentario con la Democracia Cristiana. De hecho, se limita a hacerse eco de su acusación de «anarquismo» dirigida a los campesinos ocupantes ilegales:
«… es lo mismo que ha pasado en las tomas de tierra ¿no? Hay una ley, esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar las haciendas, todos los fundos que superen el mínimo establecido por la ley, o sea, 80 hectáreas de regadío para la región central. Pero resulta que a nosotros lo que nos interesa es hacer la Reforma Agraria por zonas, para poder al mismo tiempo mantener la producción que Chile necesita de acuerdo con el clima, la región y el suelo. Si se hace en una forma anárquica, no hay posibilidad de planificar la producción. Este es el problema».
(Conversaciones con Allende, página 105)
Sólo un burócrata curtido, con desprecio por el pueblo trabajador, puede identificar el movimiento de las masas con la «anarquía». En realidad, la única manera de garantizar una solución pacífica y ordenada del problema de la tierra es armar y organizar al campesinado en comités campesinos. Es precisamente el cretinismo parlamentario de Allende el que está allanando el camino a la «anarquía» -una sangrienta guerra civil y una terrible hambruna- para el pueblo trabajador.
Mientras Allende y el PC hacen el minué parlamentario con los partidos burgueses, los banqueros y los industriales se dedican a sabotear sus reformas. El paro ya es importante y va en aumento. Ya en marzo, la cifra en Santiago era del 8%. La inversión ha caído bruscamente, ya que los capitalistas retiran su dinero. A menos que la «Unidad Popular» esté dispuesta a tomar medidas drásticas, los cierres de fábricas seguirán creando un mar de miseria humana.
La nacionalización de las minas de cobre fue inmediatamente saboteada por una huelga de 300 directores de minas. El personal técnico ha abandonado el país en masa. La producción se ha desplomado. Mientras tanto, la amenaza de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos se cierne constantemente sobre la cabeza de Allende como un suave «estímulo» para que no se «pase de la raya». Como comentó alegremente The Economist:
«Si la compensación por la inversión de 724 millones de dólares confiscada es mala… entonces las autoridades estadounidenses, ya erizadas de mala voluntad, podrían causar estragos en la producción de Chile».
La inflación se está comiendo rápidamente las ganancias salariales de los trabajadores. La especulación contra el escudo es incontrolable: la cotización en el mercado negro es ahora el doble de la oficial. Estos hechos auguran un desastre para la economía chilena, una catástrofe que acabará de un plumazo con la mayoría de las reformas de la actual administración.
A pesar de las crecientes dificultades, no hay duda de que incluso ahora la gran mayoría de los trabajadores y campesinos de Chile apoyan fielmente a Allende. Pero eso puede cambiar. Si se permite que el paro y la inflación sigan sin control; si Allende sigue retrocediendo ante la derecha en el Parlamento; si se permite que las bandas fascistas armadas cobren fuerza; entonces, inevitablemente, la actitud del pueblo cambiará.
Los campesinos se sienten traicionados
Comenzando por la clase media, que esperaba que Allende detuviera el alza de los precios, se instalará un clima de amargura. Los campesinos ya no creerán que haya ninguna diferencia entre Frei y Allende. Se sentirán traicionados por los «políticos». Los trabajadores, privados de sus empleos, perderán la fe en un gobierno que proclamaba el derecho al trabajo, pero no es capaz de garantizar su empleo.
Una vez que el gobierno haya defraudado las esperanzas depositadas en él por las masas, su destino estará sellado. La correlación de fuerzas puede cambiar radicalmente. En la medida en que los trabajadores se desmoralicen y se desanimen, la reacción se volverá más audaz. La actividad de las bandas fascistas se intensificará, ante la mirada impasible del ejército y la policía.
En el Parlamento, los demócrata-cristianos, expresando el espanto de la pequeña burguesía, exigirán duras medidas para acabar con la «anarquía» y restablecer la Ley y el Orden. Allende ya ha dado los primeros pasos fatídicos en esta dirección, enviando a la policía a cerrar las bases del MIR donde los trabajadores estaban aprendiendo el uso de las armas. El ejército ha sido utilizado para desalojar a los campesinos «ocupantes ilegales» de las tierras.
Allende, como todo reformista, imagina que su comportamiento «respetable» evitará la reacción. Todo lo contrario. Cada retroceso ante la «opinión pública» burguesa, cada golpe asestado a la izquierda, aumenta el peligro de la derecha. De este modo, se preparará el escenario para la última etapa: la intervención de los militares.
Todo el proceso que se está desarrollando en Chile plantea la cuestión del ejército con una urgencia cada vez mayor.
Hasta ahora, las fuerzas de la Reacción se han acobardado ante la radicalización de las masas. El ejército se ha mantenido cautelosamente al margen.
Esto ha dado a Allende la posibilidad de reivindicar para el ejército chileno un carácter «especial», «democrático», «apolítico». Desde su toma de posesión, Allende no ha dejado de halagar al ejército y a su estado mayor. Se han aumentado los sueldos de las fuerzas armadas. Allende ha hecho especial hincapié en asistir a grandes desfiles, repartir medallas, prodigar elogios al ejército. Se imagina que esta actitud le granjeará la simpatía del Estado Mayor. Pero los observadores burgueses perspicaces pueden ver más allá de este autodenominado «marxista»:
«Se ha dicho que Allende, mediante halagos y aumento de sueldo ya ha neutralizado a las fuerzas armadas. Esto parece una exageración. Lo que ha hecho es mantener al Ejército fuera de la política mientras que él mantiene la Constitución. Si fuera más allá, nadie puede predecir lo que ocurriría». (The Sunday Times, 14 de junio)
Tan convencido está Allende de la omnipotencia de sus maniobras con las cúpulas del Ejército que, modestamente, declinó la oportunidad de dotarlo de personal con sus propios partidarios tras el asesinato del general Schneider, a lo que constitucionalmente tenía derecho.
El único acto de interferencia de Allende con el brazo armado del Estado fue la disolución de la tristemente célebre «Guardia Móvil», una especie de gendarmería móvil utilizada para reprimir huelgas. Pero quedan los Carabineros, «un cuerpo profesional dotado de armamento moderno y pesado, comunicaciones, transporte y una eficaz organización burocrática. Comprende 30.000 hombres, distribuidos por todo el país en unidades especializadas».
No se ha hecho nada para tocar la vieja maquinaria estatal burguesa. De hecho, ¡una ley aprobada en los últimos días del viejo régimen hace ilegal que Allende destituya a los viejos funcionarios!
Sin embargo, el respeto servil de Allende a la Autoridad -en forma de bota militar- no le salvará el pellejo cuando las condiciones permitan a la contrarrevolución levantar la cabeza. Las cúpulas del Ejército, la Policía y la Administración Pública están unidas por mil hilos con los terratenientes, los banqueros y los capitalistas. Indudablemente, la simpatía de los trabajadores uniformados de base está con el gobierno. Pero a sus espaldas está el oficial con su bastón y su revólver. La simpatía pasiva de los soldados no servirá de nada a menos que se rompa el control de la casta de oficiales. Sin embargo, Allende persiste en apuntalar al Estado Mayor con su propia autoridad.
El despreciable papel de CP
El Partido «Comunista» de Chile ha jugado un papel despreciable en todo esto. Lo que sigue es un extracto de un boletín interno del PC – publicado meses antes de las elecciones de septiembre:
«¿Saben cuánto gana el general de una división, o un vicealmirante, o un general de aviación? El sueldo base de estos jefes militares es de 857 escudos. Junto con los 5 aumentos anuales, las primas profesionales, las asignaciones para casas y ranchos y otros incrementos, sus ingresos mensuales rondan los 3.000 escudos. Si tenemos en cuenta que se trata de los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas, y que además tienen las mayores responsabilidades en el ejército y sus funciones: si, además, consideramos que se trata de hombres con 30 o 40 años de servicio a sus espaldas y que han pasado por todos los grados militares, que a este nivel tienen hijos e hijas que vestir, alimentar y educar en Liceos o universidades y que la naturaleza de su empleo no les permite vivir en un solo lugar, si tomamos todo esto en consideración, no podemos llegar a otra conclusión que la de que tal salario es insuficiente.»
El documento continúa, como para excusarse:
«Para un camarada que vive en la pobreza, un salario de 3 o 4 mil escudos al mes puede parecer enorme…».
Sin embargo, a continuación «responde» a una pregunta planteando otra aún más significativa:
«¿Puede alguien considerar aceptable que un alto funcionario [del Estado] con 20 años de servicio y después de tres años en el mismo oficio, reciba 1.156 al mes? Entonces es claramente intolerable que un oficial superior del ejército después de 25 años de servicio… reciba 1.363 escudos».
Estos burócratas estalinistas corrompidos hasta los tuétanos, sólo piensan en términos de su «mañana socialista» – en una cómoda oficina gubernamental, en la que un salario de 1.156 escudos sería «claramente insuficiente». (Estas cifras, por cierto, dan sólo el salario base, sin incluir las numerosas otras prebendas e incrementos, como el uso gratuito de coches de funcionarios, uniformes, apartamentos, ordenanzas, etc.).
«Queda claro entonces -continúa el documento- que el malestar en las Fuerzas Armadas, del que el país comienza a tomar nota, está absolutamente justificado. Y los comunistas queremos manifestar que, a nuestro juicio, es deber de la nación chilena resolver este problema. Mañana o pasado mañana podemos estar enfrentando uno u otro peligro externo. Y para hacer frente a tal eventualidad, que Dios no lo quiera, no bastan los sentimientos patrióticos. Lo principal será la sólida unidad del país en torno a los objetivos que corresponden a la tendencia en la dirección del avance social [¡sic!] y que, en general [!] se identifican con los intereses del pueblo.»
Olvidando el marxismo
Si tenemos en cuenta que estas líneas datan del período de la administración Frei y son producto del secretario general del PCCh, podemos ver hasta qué profundidades de degeneración nacionalista y reformista se ha hundido esta gente.
Para un marxista, el Estado no es un organismo «imparcial» que está por encima de la sociedad, sino «cuerpos armados de hombres en defensa de la propiedad privada». ¿Es realmente necesario repetir esta verdad elemental 50 años después de que Lenin escribiera Estado y Revolución? Evidentemente sí. Porque los dirigentes de los partidos «comunistas» no han aprendido nada de toda la historia de los últimos 50 años, mientras que han olvidado cualquier retazo de las ideas básicas del marxismo que alguna vez conocieron.
Con su última política de frentepopulismo, que están impulsando en todos los países, están preparando el camino para nuevas y sangrientas derrotas de los trabajadores en Francia, Italia, España y otros lugares. En todas partes recurren a la misma lamentable excusa para explicar la política de colaboración de clases: «Pero las cosas serán diferentes en nuestro país. Tenemos tradiciones diferentes. Pasó en Indonesia, pasó en Grecia, pero no puede pasar aquí».
Los frentepopulistas chilenos reivindican una vía «especial» para Chile, por su pasado de democracia parlamentaria, la relativa estabilidad de sus instituciones, la tradición de «no injerencia» del Ejército en la política.
Es cierto que la burguesía chilena es una clase particularmente atrincherada y «sólida». El dominio del Capital se ha mantenido a través del Parlamento todos estos años, precisamente porque nunca ha sido seriamente cuestionado. Es la «Inglaterra de América Latina».
Sin embargo, precisamente en un país con largas tradiciones de dominio burgués estable, la tarea de una revolución socialista es infinitamente más difícil. La burguesía ha perfeccionado una formidable máquina de dominio de clase en su Estado. La Constitución santifica ese Estado. Y Allende santifica la Constitución.
Represión sangrienta
La historia de las tradiciones «pacíficas» de la política chilena es un mito. En cada etapa en la que la oligarquía gobernante ha sentido su posición desafiada por los trabajadores y los campesinos, ha arremetido brutalmente. Debray la describe como «una de las historias más violentas y quizás la más sangrienta de América Latina», y cita una serie de represiones sangrientas:
«… des-de la primera gran huelga de los obreros del puerto de Valparaíso en 1903 (30 muertos, 200 heridos); la «huelga de la carne» en Santiago de 1905 (200 muertos), la matanza de Santa María en Iquique, cuna del movimiento obrero (1907, más de dos mil víctimas segadas por la ametralladora en la plaza de la ciudad), la matanza de Punta Arenas en 1920, la de la Coruña (tres mil muertos en las minas del salitre, 1925), la matanza campesina de Ranquil en 1934 (60 muertos) hasta las hazañas recientes de la democracia cristiana en la Mina del Salvador en 1966, pasando por los motines de Santiago en abril de 1957.» (Conversaciones con Allende, página 21)
El barniz «civilizado» de la democracia capitalista sólo dura mientras no siente que su dominio es cuestionado por los trabajadores. Cuando llega ese día, el guante de terciopelo se echa a un lado para revelar el puño de la reacción.
Los «frentepopulistas» chilenos creen evitar la guerra civil y el derramamiento de sangre «eligiendo» la vía parlamentaria. Pero el socialismo no puede pasar de contrabando por el Parlamento, mientras los terratenientes y capitalistas están a salvo metidos en sus camas. La lógica inevitable de todas las formas de reformismo y «gradualismo» es preparar ríos de sangre para el pueblo trabajador.
Estamos a tiempo
El destino del régimen de Torres en Bolivia es una advertencia para los trabajadores chilenos. Desgraciadamente, Allende hace oídos sordos a todas las advertencias. Pero aún hay tiempo para actuar. La correlación de fuerzas sigue siendo enormemente favorable al movimiento obrero. De hecho, la situación no podría ser más favorable para la completa derrota de las fuerzas reaccionarias y una transición pacífica a un estado obrero en Chile.
Una encuesta de opinión pública realizada en Santiago a principios de año mostró que Allende cuenta con el apoyo abrumador de la clase trabajadora. Una cifra muy significativa fue que el 89% de las mujeres de la clase trabajadora apoyaban al gobierno. La mayoría de estas mujeres deben de ser amas de casa trabajadoras corrientes, que no suelen figurar entre los elementos políticos más avanzados. Este hecho ilustra de forma sorprendente el profundo proceso de radicalización que ha afectado a las masas chilenas estos últimos meses.
Para no dilapidar esa enorme reserva de entusiasmo, son necesarias medidas decisivas para frenar la inflación, detener el desempleo y desarmar a la reacción. La constante obstrucción del aparato del Estado y la oposición de derechas en el Parlamento dan a Allende una oportunidad de oro para apelar a las masas fuera del Parlamento. Las propias masas deben movilizarse para llevar a cabo todo el programa de reformas «desde abajo».
Allende tiene su mandato. No hay que permitir que ningún truco «constitucional» se interponga en el camino. Los obreros y campesinos responderían con entusiasmo a un llamamiento que exigiera:
1) La creación de Comités Campesinos para tomar las tierras de forma organizada sin esperar al parlamento. Posteriormente se puede aprobar un decreto de nacionalización de la tierra sin indemnización para «legalizar» las tomas.
2) Debe introducirse el control obrero para evitar el cierre de fábricas y frenar el desempleo. Las fábricas que cierren deben ser nacionalizadas bajo gestión obrera, con una indemnización mínima en función de las necesidades, decidida por comités de trabajadores y amas de casa.
3) Los sindicatos deben crear Comités de Acción, en los que participen amas de casa e inquilinos, para obligar a los propietarios a reducir los alquileres y evitar el aumento de los precios.
4) Sobre todo, hay que crear una Milicia Obrera, vinculada a los sindicatos, para defender las conquistas obreras contra los embates de la reacción.
5) En lugar de congraciarse con los generales, Allende debe hacer un llamamiento a las bases para que constituyan Comités de Soldados con poderes para dirigir sus propios asuntos, supervisar la disciplina, etc. Los sindicatos deben tener plenos derechos para organizar a las tropas y acercarlas a sus hermanos de la industria. Frente a un poderoso movimiento de obreros y soldados, la casta de oficiales quedaría suspendida en el aire.
6) Los medios de comunicación de masas, que actualmente constituyen un importante punto de encuentro de la reacción, deben ser nacionalizados. El acceso a la radio, la televisión y la imprenta debe garantizarse únicamente a los partidos obreros y campesinos que apoyen el programa de la revolución.
Este es el programa de una transición pacífica a un Estado obrero, una revolución sin derramamiento de sangre, como la revolución bolchevique de 1917. Es posible sobre la base de una dirección marxista correcta.
La tragedia del pueblo chileno es que ese liderazgo no existe en la actualidad. Allende, que ha deshonrado el nombre del «marxismo», no puede proporcionarla. Tampoco pueden hacerlo los miserables arribistas que se hacen pasar por dirigentes del Partido «Comunista».
En la «izquierda al exterior» de la Unidad Popular está el MIR (Movimiento Izquierda Revolucionaria), la organización guerrillera.
Al igual que los Tupamaros y otras guerrillas casi guevaristas, el MIR está formado principalmente por estudiantes e intelectuales. Esta organización ha hecho varias críticas correctas al gobierno de Allende, pero su posición general es ambigua, y su orientación ultraizquierdista la separa de hecho de la corriente principal de la clase obrera.
Reclamando lealtad al marxismo-leninismo, el MIR se apartó de una posición leninista elemental al boicotear las elecciones, lo que en la actualidad significa boicotear efectivamente a la masa de los trabajadores chilenos.
En lugar de trabajar pacientemente dentro de las organizaciones obreras de masas, intentando ganarse el oído de los obreros comunistas y socialistas avanzados, los miristas se aferran a las ilusiones infantiles de una «guerra prolongada» en el campo. La idea de que «el poder sale del cañón de un fusil» es repetida hasta la saciedad por este grupo. Pero lo que no se explica es que sin ganar a las masas para su programa, las armas sirven de poco. Los miristas ya están malgastando sus energías en acciones militares heroicas pero aisladas e inútiles. Todo indica que el gobierno de Allende -presionado por la derecha- tomará medidas drásticas contra el MIR. Esa tarea será mucho más fácil si el MIR continúa aislándose de las masas por su orientación cuasi anarquista y militar.
Una alternativa revolucionaria a Allende no puede venir de las desacreditadas políticas del «guevarismo», sino sólo de las capas avanzadas del propio movimiento obrero. Ya ha habido rumores de descontento con algunas de las políticas de Allende. La firma del «Estatuto de Garantías Democráticas» fue criticada por las Juventudes Socialistas como innecesaria y peligrosa. Sin duda, las críticas al retroceso de Allende crecerán en las próximas semanas y meses, especialmente entre las Juventudes Socialistas y Comunistas, aunque inicialmente habrá habido una tendencia a conceder al gobierno «el beneficio de la duda».
Los acontecimientos enseñarán a los trabajadores avanzados a rechazar la política de colaboración de clases y el «reformismo». Se planteará la exigencia de romper con los partidos burgueses de la coalición y seguir adelante con políticas socialistas dirigidas contra el dominio de las 50 compañías. La necesidad de armar a los trabajadores se hará muy evidente en el próximo periodo. Los obreros avanzados se darán cuenta del peligro.
Todo depende ahora de la capacidad de los elementos conscientes para asimilar rápidamente las lecciones y luchar por un cambio de rumbo. La creación de una auténtica tendencia revolucionaria, dados los factores objetivos enormemente favorables, aún podría despejar el camino para el éxito de la lucha por el poder. Un Chile obrero y campesino sería una poderosa fuerza de atracción para las masas oprimidas de Brasil, Bolivia, Argentina.
¡Fin al compromiso de clase! Un Chile socialista en una América Latina socialista
Este debe ser el grito de guerra del proletariado chileno. Es la única manera de evitar la catástrofe que amenaza y de abrir el camino hacia el socialismo.
Septiembre 1971
