El 27 de noviembre, Pedro Castillo, el ex-presidente de Perú, fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras su anuncio del 7 de diciembre del 2022 de disolución del Parlamento, reorganización del sistema de justicia y convocatoria a una Asamblea Constituyente.
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La Fiscalía lo acusó directamente por rebelión y pidió una pena de 34 años, pero la Corte Suprema consideró que el delito no se consumó. Entonces, conocidos abogados que acostumbrar pasear por los pasillos de medios de comunicación del gobierno y sus allegados, necesitaban acusarlo de cualquier cosa, con tal de sacarlo de la carrera electoral.
Fue entonces que se decidió acusarlo de «conspiración», que conlleva una pena mucho menor. Recordemos que, según una encuesta mandada a realizar por un medio de derecha el año 2023, en una virtual elección con Castillo participando, este volvía a ganar.
Según el tribunal, con lo anunciado en el mensaje a la nación en diciembre de 2022, Castillo «se arrogó el ejercicio del poder configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45 de la Constitución». También se concluyó que el mensaje fue leído «sin que se configure los supuestos constitucionales». Esto quiere decir que Castillo intentó disolver el Congreso sin tomar en consideración los supuestos contenidos en la Constitución y en los que puede disolverse el parlamento.
También se condenó al mismo periodo de prisión a Betssy Chávez, ex-presidenta del Consejo de Ministros (actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima), el exministro del Interior, Willy Huerta y Aníbal Torres, exjefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, estos últimos a presión suspendida.
Castillo encarnaba, aunque de forma débil y contradictoria, las demandas históricas de los trabajadores, campesinos y pueblos olvidados del Perú. Su presencia en el poder, por moderada que fuera, abría una fisura en el control que la burguesía criolla y los intereses imperialistas ejercen desde hace siglos. El mero hecho de que un cholo, un sindicalista magisterial de Cajamarca, ocupara la silla presidencial representaba una amenaza a su poder, porque daba a obreros y campesinos la idea de que ellos mismos podían gobernar sus destinos, en lugar de delegar en políticos profesionales de alta cuna. La élite económica y política no actuó contra Castillo solamente por racismo o rechazo a su origen rural, aunque estos elementos estuvieron presentes, sino, porque percibió en su gobierno, pese a sus limitaciones, una amenaza a sus privilegios de clase. Por eso su destino fue el mismo que el de otros líderes populares en América Latina: el acoso judicial, la prisión o el exilio.
Resulta evidente el trasfondo de juicio político arbitrario contra Castillo y su entorno inmediato, fue una represalia directa a personajes que podrían representar fisuras dentro de la maquinaria corrupta y elitista que controla el poder desde los albores de la república.
La derecha nunca reconoció los votos populares de su propio circo electoral, nunca aceptaron la voz de las regiones del interior (a los que siempre consideran como ciudadanos de segunda clase) y uno de sus conocidos voceros, el congresista Montoya, se gastó aproximadamente 150 mil dólares del erario público buscando pruebas del fraude electoral que llevó a Castillo a ganar la presidencia. Su informe final indicó que no se encontró ninguna prueba.
Comprobamos entonces, que los poderes del Estado se alinean bajo un mismo libreto que persigue, encarcela o ejecuta a sus opositores, pues necesitan imponer precedentes contra todo aquel que sea amenaza que impida que sus candidatos ganen.
Sin embargo, es crucial realizar una autocrítica a las limitaciones del propio gobierno de Castillo. Su programa electoral de «no más pobres en un país rico», aunque prometía transformaciones estructurales, en la práctica vaciló y se limitó a gestos simbólicos, sin avanzar en reformas claves como la nacionalización de sectores estratégicos (bancos, minería, puertos) o la convocatoria a una Asamblea Constituyente realmente soberana.
Ante los embates de la oligarquía capitalista, vaciló, hizo concesiones y moderó su lenguaje. Esta ambigüedad no solo decepcionó a sus votantes, sino que además lo dejó políticamente aislado, sin herramientas reales para enfrentar la ofensiva de la derecha. En lugar de movilizar al pueblo para defender su mandato, buscó complacer a sectores del establishment (ofreciéndoles cargos políticos), lo que finalmente facilitó su derrocamiento y persecución.
Pero no solo es Castillo (quien es un evidente prisionero político), es un ataque directo contra la clase obrera y los movimientos sociales en general, quienes deben enfrentar nuevamente las arremetidas de un Estado policíaco controlado por la extrema derecha a la que solo le falta crear una ley que diga textualmente, que está prohibido postular si tu apellido no es Fujimori.
Las masas campesinas, indígenas y obreras que salieron a repudiar el golpe contra Castillo en diciembre de 2022 y los meses posteriores en movilizaciones masivas que dejaron un saldo sangriento de decenas de muertos por la represión lo tenían claro.
La lección para los movimientos sociales y la izquierda es clara: no es posible neutralizar a la derecha mediante concesiones. Cada gesto de conciliación es interpretado como una debilidad y alimenta su audacia para golpear con mayor fuerza. La experiencia de Castillo demuestra que, sin un programa rupturista y sin la organización independiente del pueblo trabajador, cualquier gobierno que intente cambios será rápidamente cercado y derribado.
La única garantía ante la arremetida reaccionaria es construir la organización de la clase obrera y el campesinado pobre desde abajo, impulsando un proyecto que expropia el poder económico de la burguesía (nacionalizando la banca, las multinacionales, los recursos estratégicos y los monopolios) que enfrente abiertamente la dominación imperialista. Solo así se podrá romper el ciclo histórico de exclusión y represión de la mayoría
Dibujo del archivo del diario La República, 28 Noviembre del 2025, realizado por Carlos Tovar «Carlín».