Colombia sigue la senda revolucionaria de América Latina. Al desplome de los principales indicadores económicos y las crecientes divisiones en el seno de la burguesía se une el inicio de la recuperación y radicalización de las luchas obreras y populares.
La situación económica y la crisis de las pirámides
El crecimiento del PIB se redujo de 8% en el último trimestre de 2007 a 3,7% en el primer semestre de 2008. La producción manufacturera cayó 9%.
“Las cifras de desaceleración son en verdad dramáticas. (…) Los indicadores de confianza industrial y de condiciones para la inversión de la encuesta de opinión de Fedesarrollo, que han demostrado ser indicadores líderes de lo que ocurre en la actividad real, se han desplomado. Lo mismo sucede con los indicadores de la actividad constructora (licencias y ventas). Asimismo, las cifras de crecimiento del comercio minorista han venido cayendo, aunque tuvieron un pequeño repunte en julio. El Índice de Confianza del Consumidor también se ha desplomado”
explica el ex Ministro de Hacienda, Guillermo Perry.
Pero lo peor está por llegar. Dependiente de las exportaciones a EE.UU. y Venezuela, y de las remesas de los emigrantes, la economía colombiana sufrirá durísimamente los embates de la crisis internacional. El 10% más rico de la población concentra el 46,5% del ingreso, más que el 80% de la población con menores ingresos, (37,7%). El desempleo reconocido oficialmente supera el 12%, el más alto del continente. El 89% de la población económicamente activa corresponde a trabajadores informales o subempleados. La crisis arrasará muchos de esos empleos y agravará una pobreza que ya ronda el 70%. La principal válvula de escape a todos estos problemas ha sido, durante los últimos años, la emigración a Europa, Estados Unidos o países vecinos como Venezuela o Ecuador. Pero esta escapatoria, con la crisis, empieza a bloquearse también.
En Bogotá 35.000 familias están amenazadas de desahucio, y a nivel nacional superan las 200.000. El déficit habitacional se calcula en 2 millones de viviendas. Si tomamos en cuenta que hay 4 millones de desplazados por el conflicto armado, alrededor de 6 millones de personas, en un país de 40 millones, carecen de vivienda adecuada. En el campo los efectos de la crisis serán aún más devastadores que en la ciudad. El 53,5% de las tierras están en manos de sólo 2.428 propietarios. La alta concentración de tierras provoca una improductividad de un 30% en estos latifundios, reflejando el carácter parásito de los terratenientes. De poseer soberanía alimentaria en 1991, Colombia ha pasado a “perder” un 30% de su producción alimentaria. El campo colombiano está más desprotegido que nunca ante los vaivenes de la economía mundial.
A todo esto, debemos sumar la crisis de las pirámides, que ha dejado sin ahorros a 2 millones de colombianos y provocado saqueos y motines en varias ciudades importantes como Cali, Cúcuta, Popayàn o Medellìn. El gobierno tuvo que declarar el toque de queda en varias regiones e intervino estas empresas intentando frenar la onda expansiva del derrumbe. Pero está por ver el efecto final sobre el conjunto de la economía. En cualquier caso, el desplome de las pirámides está teniendo ya un efecto económico y político considerable. La idea de que no son algo ajeno al capitalismo colombiano, su estado y su gobierno sino un producto más de su carácter degenerado se abre paso en la mente de centenares de miles de personas.
La única salida para la burguesía colombiana es someter a las masas a una terapia de choque aún mayor. Y ello cuando todas las políticas aplicadas por los capitalistas en el último período para incrementar la explotación de las masas están ya provocando un profundo malestar.
El potencial revolucionario de las luchas obreras y populares
El factor más destacable de los últimos meses ha sido la entrada en escena, con un ímpetu y extensión no vistos en años, de las masas, y en primer lugar de la clase obrera. La propia burguesía es consciente de ello. “En los últimas dos décadas, Colombia no había vivido una situación laboral tan agitada como la que se ha registrado en los últimos dos meses”, reconoce en su edición de Noviembre de 2008 la revista Dinero.En 2008, solamente en Bogotá ha habido más de 400 huelgas, más de una por día. Además hemos visto huelgas nacionales sectoriales que, por su dureza y duración, han servido de punto de referencia al conjunto de la clase obrera y despertado una enorme ola de simpatía en toda la sociedad.
La huelga de los trabajadores de los ingenios azucareros (los cortadores de caña) ilustra el ambiente que se está desarrollando. Durante los años 80s y 90s este sector sufrió un ataque sin precedentes que convirtió sus condiciones laborales en un infierno. Las relaciones contractuales colectivas fueron sustituidas por supuestas cooperativas de productores a través de las cuales el obrero se auto explotaba. Las pocas organizaciones sindicales existentes eran patronales y estaban burocratizadas. Si hiciésemos caso a los “análisis” e ideas superficiales de los reformistas, una lucha con el espíritu de unidad y resistencia que hemos visto era imposible. Y, sin embargo, la huelga emergió desde abajo, como un volcán en erupción, venciendo todos esos obstáculos y otros muchos que el gobierno y la represión del estado alzaron en su camino. Todo el malestar acumulado molecularmente durante años estalló súbitamente y donde parecían no existir organización ni liderazgos “la necesidad”, una vez más, “creó el órgano”.
La lucha de los trabajadores de la justicia fue otro ejemplo. A pesar de la heterogeneidad del sector, los huelguistas mantuvieron su lucha contra viento y marea, enfrentando obstáculos como la declaración de la conmoción interior. Lo mismo vimos con la maravillosa movilización de los indígenas. Tras acusarles de terroristas y enviar al ejército a asesinar a varios de ellos, Uribe tuvo que organizar un repliegue táctico y ponerse temporalmente la piel de cordero. Incluso se vio obligado a acudir al Encuentro con la Minga (Asamblea) indígena y tener que escuchar con cara de circunstancias las denuncias contra sus políticas. Tras la Minga que reunió 40.000 campesinos indígenas en Cali, el 24 de Noviembre miles de ellos –luego de varias semanas caminando desde el Valle del Cauca- llegaron a la Plaza Bolívar de Bogotá, venciendo prohibiciones y amenazas y despertando un entusiasmo masivo a su paso.
Todo este ambiente social encontró una primera expresión unificada en la huelga general estatal del 23 de octubre. Ésta, pese a faltar una agitación sistemática y verse limitada al sector estatal de la economía, logró movilizar a centenares de miles de trabajadores. Si se hubiese convocado una nueva huelga general -pero esta vez extendiendo la convocatoria al conjunto de la economía- y se hubiesen unificado las reivindicaciones de todos los sectores en un programa común -tal como llegaron a proponer los dirigentes indígenas- el gobierno se habría visto en una situación muy delicada. Para poder unificar todo el descontento social existente en Colombia, hubiera sido necesario crear Comités de Huelga y de Acción para organizar y extender la lucha. Los dirigentes del Polo Democràtico Alternativo (PDA), y la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), en lugar de mantener aisladas las reivindicaciones de cada sector y limitar la lucha a lo reivindicativo, deberían haber denunciado la negativa del Gobierno a ceder a las justas reivindicaciones de las masas y llamado a luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo que diera satisfacción a estas demandas. Esto habría abierto una situación revolucionaria. Lamentablemente, esa oportunidad (que sigue presente en la situación) ha sido desaprovechada hasta el momento.
El papel de la CUT y el PDA
En ausencia de una perspectiva global y tras varios meses de huelga, tanto los trabajadores judiciales como los corteros tuvieron que negociar acuerdos separados. Pero la clase obrera colombiana ha levantado la cabeza, tensado sus músculos y mostrado su potencial revolucionario a toda la sociedad. La marea de la movilización obrera y popular resurgirá, y con fuerza redoblada, en los próximos meses. La clave para que este ascenso de la lucha de clases culmine en la transformación socialista de la sociedad o no reside en la política que apliquen los dirigentes de la CUT y el PDA.
Tarsicio Mora, Secretario General de la CUT y dirigente del PDA, resumía en unas recientes declaraciones las perspectivas para el país: “La situación social puede estallar como una bomba de tiempo.” El problema es la conclusión que saca de esta situación y el programa que propone: “Una mesa con agenda establecida para demostrar que los problemas pueden arreglarse de manera concertada entre empresarios, Gobierno y trabajadores. Si la mesa funciona, no habría paros.”
El programa de la mayoría de los dirigentes del PDA, en particular de su ala derecha encabezada por Navarro Wolff, Gustavo Petro, Iván y Samuel Moreno, insiste en el mismo error. Según todos estos dirigentes el objetivo del Polo debe ser buscar un pacto con sectores de la burguesía que, tras apoyar las políticas represivas y antiobreras de Uribe, han empezado ahora a oponerse a su reelección. Esta línea lleva al abismo.
La realidad es que no existe ningún sector progresista (ni menos reaccionario) en la clase dominante colombiana con el que sea posible pactar una mejora significativa y duradera las condiciones de vida de las masas.
“La historia de Colombia está llena de etapas caracterizadas por exigencias sociales revolucionarias. Pero siempre las fuerzas proletarias han tenido que vérselas, cuando han sido lo suficientemente fuertes como para amenazar el status quo,con un frente unido de oligarcas de los partidos liberal y conservador. Descartando temporalmente las diferencias de partido aquellos han unido sus fuerzas para detener la reforma agraria, la formación de sindicatos y la campaña por mejores salarios que eleven el nivel de vida de las masas”.
La danza de los millones. Régimen militar y revolución social en Colombia (1930-1956).
Quien habla no es un peligroso marxista sino Vernon Lee Fluherty, asesor de la Embajada de los EE.UU. en Colombia durante los años 50. Fluherty, tras abogar por la necesidad de que la oligarquía aplique reformas por arriba para evitar una revolución por abajo, llega finalmente a esa conclusión tan tajante.
El carácter reaccionario de la burguesía colombiana
La oligarquía, o lo que es lo mismo la “burguesía nacional”, desde que se liberó del yugo español, nunca ha contemplado dar un paso atrás frente a las masas, ni uno adelante en el desarrollo del país. El propio Simón Bolívar, tras ver como la misma clase dominante en cuyo seno había nacido frenaba todos los intentos de desarrollar una genuina revolución democráticoburguesa y unificar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en la Gran Colombia exclamó: “He arado en el mar”. La Gran Colombia se desintegró rápidamente gracias a las aspiraciones locales y regionales de los caudillos, que en última instancia expresaban el carácter parásito, atrasado y degenerado de la clase dominante. Es en este contexto que inician las guerras civiles del primer periodo, que duran hasta el desarrollo regular del capitalismo entre 1925-1945 y que dejaron un rastro sangriento incalculable.
El desarrollo del capitalismo en Colombia se procuró con un fuerte estimulo desde afuera, especialmente desde Inglaterra, EEUU, y las potencias europeas. La ley del desarrollo desigual y combinado se expresó por la exportación de capital y el monocultivo de banano, añil, tabaco, café y luego níquel, etc. Por ello se fueron desarrollando los mercados locales, carreteras y rutas férreas (muchas de estas fueron obra de la inversión inglesa), más no dieron a las masas para vivir dignamente. Es más: cada vez que las masas exigieron mejores condiciones de vida, la respuesta de la oligarquía fue ahogar en sangre su movilización. Uno de los ejemplos más dramáticos fue la huelga de los trabajadores de las bananeras en 1928 contra la United Fruit. El gobierno conservador de Abadía y el ejército asesinaron a más de 2.000 trabajadores colombianos para salvaguardar los intereses de la multinacional imperialista estadounidense. Este episodio, que inmortalizó García Márquez en “Cien años de soledad”, resume el parasitismo, corrupción y podredumbre de la burguesía colombiana.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la brutal represión del Bogotazo (explosión de rabia popular desatada por ese crimen) volvieron a mostrar de qué material está hecho el capitalismo colombiano. Tras su elección prometiendo políticas reformistas en beneficio de los más pobres, Alfonso López y los dirigentes burgueses del Partido Liberal traicionaron a las masas. Gaitán, líder del ala izquierda del Partido, se convirtió en portavoz de los anhelos populares. Gaitán defendía la reforma agraria, intervenir las grandes fortunas, nacionalizar varios sectores y empresas e incluso empezó a hablar confusamente de socialismo. Esto le granjeó el apoyo masivo de los obreros y campesinos y el odio a muerte de los oligarcas, incluidos los dirigentes de su propio partido, quienes prefirieron una vez más aliarse a los conservadores para aplastar las aspiraciones populares que arriesgarse a que éstas cuestionasen sus privilegios. Desgraciadamente, Gaitán no era marxista. Creía que bastaba con tener el apoyo de las masas, sin acabar con el poder económico, político y militar de la oligarquía y construir un estado revolucionario basado en la clase obrera. Pocos días antes de su asesinato todavía llamaba a esa misma oligarquía que había decidido eliminarle y masacrar a sus partidarios a dialogar para evitar el enfrentamiento.
“En la guerra civil del segundo periodo, la oligarquía nacional pintó de sangre el país. Solamente entre 1965 y 2006 se han cometido más de 65.000 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, de las cuales 2.515 fueron sindicalistas; 10.000 personas han sido detenidas y desaparecidas y hoy sus cuerpos se encuentran en fosas comunes, más de 6 millones de hectáreas de tierras fueron arrebatadas a comunidades y a campesinos y hoy se encuentran en manos de narcotraficantes y paramilitares”. “Actualmente hay más de 4 millones de desplazados en el país. Respecto al ataque sistemático a la oposición legal sólo durante los años 1988 a 2003 arrojó un saldo de 12.398 personas ejecutadas y 2.121 de desaparecidos a manos de los paramilitares”.
Las cifras son aterradoras, y hay quienes declaran, como Uribe Vélez, que no hay guerra civil en Colombia y por ende que no hay conflicto armado.
El ascenso revolucionario de los 70s y 80s
En los 70s y 80s, la crisis internacional del capitalismo provocó nuevamente un movimiento masivo de la clase obrera y los sectores populares en Colombia. Un punto álgido fue el paro cívico nacional de 1977. La ausencia de una organización política de masas de la clase obrera con un método y programa para alcanzar el poder hizo que la inestabilidad se prolongase varios años sin encontrar una salida revolucionaria. Tras la recesión de 1981, las masas culpaban al gobierno y la burguesía tanto de sus problemas inmediatos como de la guerra que desangraba al país. La burguesía, como hoy, empezó a dividirse. Un sector, liderado por el Presidente conservador que acababa de ser elegido, Belisario Betancur, lanzó el llamado “proceso de paz”. Su objetivo era ganar tiempo y legitimidad y apaciguar el descontento social.
Ausente otra alternativa, el descontento se expresó en un creciente apoyo a los grupos guerrilleros, a quienes la propia propaganda de la oligarquía denunciaba insistentemente como enemigos del sistema.
«Antes de asumir la presidencia (…) Betancur ordena un sondeo para recoger la opinión del país sobre la guerrilla (…) un 80 % de los colombianos son simpatizantes, tolerantes o indiferentes frente a tal fenómeno y sólo un 20% se pronuncia radicalmente en contra (…)”
Tras la declaración de tregua por parte de los guerrilleros, el apoyo social a estos se desborda y obliga al gobierno y a la burguesía a aceptar que los guerrilleros no entreguen las armas y puedan organizar actos y marchas de masas por todo el país. Estos se conviertan en los líderes de facto del movimiento que reclama en la calle una salida a la crisis capitalista en favor de los más pobres.
Como explica la escritora Laura Restrepo, quien formó parte de la Comisión de seguimiento del proceso de paz, en su libro “Historia de un entusiasmo”:
«Una gran conmoción social contenida empezaba a aflorar de repente. La película completa incluía paros cívicos, huelgas, protestas estudiantiles, tomas de tierras por parte de los indígenas y otras formas de protesta masiva que pusieron en pie de lucha, en una sola semana, a dos millones de colombianos. La cifra de muertos oficialmente reconocida como saldo del mes fue de ocho; la extraoficial le añadía un cero”
Surgen embriones de poder popular: comités que organizan desde abajo la lucha por dignificar los barrios, contra el desempleo, la pobreza y la inseguridad. Esto daba una oportunidad histórica tanto a los dirigentes del “Eme” como de las FARC de tomar el poder basándose en la movilización y organización de la clase obrera. Pero la concepción guerrillera, que ve el protagonista central de la lucha en el enfrentamiento militar de los guerrilleros contra el estado al margen de las masas, o -en el mejor de los casos- concibiendo a estas como algo auxiliar, provoca inevitablemente falta de confianza en la capacidad de la clase obrera para cambiar la sociedad.
Otro problema fue el programa etapista de los dirigentes guerrilleros. Estos buscaban el pacto con los “sectores progresistas” de la burguesía aplazando el socialismo para un futuro lejano. Esto hizo que quedaran atrapados en la celada de una negociación en la que la burguesía no quería hacer ninguna concesión seria y cuyo único objetivo era hacerles abandonar sus objetivos revolucionarios, ganar tiempo y –si finalmente la negociación se rompía– responsabilizarlos de la ruptura. En el caso de las FARC, sus líderes estaban imbuidos por la teoría estalinista de las dos etapas. Los dirigentes del M-19 defendían ideas pseudo-reformistas que identificaban su apoyo masivo y el control de algunos espacios a nivel local con la victoria sin comprender que esto lejos de resolver el problema de la lucha por el poder lo planteaba en toda su crudeza.
Por su parte, la burguesía sí tenía las cosas muy claras. Una vez más dejaron a un lado sus diferencias tácticas y rivalidades para aplastar y descabezar el movimiento revolucionario. Betancur, el Presidente que había prometido que bajo su mandato no correría una gota de sangre abrió la puerta a los escuadrones de la muerte y el paramilitarismo.
Lecciones de la derrota de los 80s
A principios de 1985, el M-19 y el ELP deciden volver a la lucha en las montañas. Las masas, aunque golpeadas en su moral por el deterioro económico y la ausencia de una política revolucionaria que muestre una salida siguen, pese a todo, buscando titánicamente alternativas. Nace la Unión Patriótica (UP), como un movimiento de masas en el que -además de las FARC, que mantienen la tregua, y el PCC- participan decenas de colectivos obreros, campesinos y populares.
Los dirigentes de la UP, en virtud de su honestidad y heroísmo, contaban con un apoyo de masas. La burguesía lo sabe y pone en marcha la operación “Baile Rojo”. Entre 1986 y 1989 más de 3.000 dirigentes de la UP son asesinados. Las grandes movilizaciones de masas en repulsa por los crímenes demuestran que la correlación de fuerzas seguía siendo todavía favorable. Pero no se convoca ninguna huelga general que haga consciente a la clase obrera de toda su fuerza y la ponga al frente del movimiento. Tampoco se organizan comités de autodefensa ni se vuelca la experiencia militar, armas, etc. de las FARC en apoyo a las masas y bajo la dirección de éstas. Si se hubiera hecho habría sido posible cortar de raíz la extensión del paramilitarismo y derrotar los planes contrarrevolucionarios.
Los dirigentes se limitan a exigir al gobierno y al sector de la burguesía que supuestamente apoya el “proceso de paz” que investigue los crímenes. No hay estrategia para tomar el poder. La idea que acaba imponiéndose en las masas es la que expresa una activista de la UP en el documental “El baile rojo”: “Nosotros teníamos la razón pero ellos tenían la fuerza”. El escepticismo y la lucha por la supervivencia individual han vencido. El reflujo ha empezado y será profundo. Un sector de la vanguardia vuelve a empuñar las armas en la montaña pero, con los mismos métodos al margen de las masas, las FARC -aunque mantendrán un apoyo importante en distintas zonas rurales- sufrirán un creciente aislamiento respecto a la población de las ciudades, que hoy representa el 70% del país.
Esto encierra una lección para aquellos que defienden que en Colombia, a causa de la represión, la lucha no puede basarse en las masas y los métodos tradicionales de la clase obrera. Es precisamente lo contrario. La lucha debe basarse en la organización y movilización de las propias masas y hallarse sometida a su dirección, en primer lugar a la de la clase obrera, empleando sus métodos: asambleas, formación de Comités o Consejos elegibles y revocables, etc. Si se basa en la acción de un grupo al margen
de las masas esto termina llevando al aislamiento. Las movilizaciones de masas de los últimos meses han vuelto a demostrarlo. La lucha de masas consiguió crear más problemas a la clase dominante en unos meses que todas las acciones de las FARC y el ELN durante los últimos años.
El reflujo de los 90
La burguesía, además, utiliza la política “del palo y la zanahoria”. Al mismo tiempo que siguen cayendo asesinados dirigentes obreros y populares, aprovecha el contexto de confusión ideológica de principios de los 90 para legitimar su dominio. La caída de la URSS y la desintegración definitiva de la UP han dejado a la izquierda desarmada. En 1991 se firma un acuerdo de paz con el M-19 y se convoca la Asamblea Constituyente. El “Eme” participa en ésta al lado del Partido Liberal y Conservador. La constitución provoca muchas ilusiones. Sin embargo, aunque consignaba importantes reivindicaciones como el derecho a la Tutela, en la práctica fue una manera de desviar la atención de las masas y engañarlas con un cambio aparente de fachada para que nada fundamental cambiase. Otra vez la ilusión constitucional y legalista terminó con el asesinato de muchos militantes del M-19 desmovilizados, entre ellos su candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990.
La organización de bandas paramilitares fascistas para luchar tanto contra las ocupaciones de tierras como contra la lucha de guerrillas, que acompañaba hacía décadas la lucha clases en el campo, se verá intensificada y traslada su actuación a las ciudades. Durante los años noventas la burguesía recurrirá cada vez más abiertamente al paramilitarismo. El asesinato y persecución de sindicalistas aumenta escandalosamente: del año 91 que murieron 83 sindicalistas se pasa al 92 con 135, al 93 con 196, al 95 con 237 y el 97 con 182. Las anteriores cifras se repiten los siguientes años con los mismos índices.
“Los paramilitares tienen su origen en los grupos civiles de “autodefensa”, de carácter legal, creados por el ejército en las décadas de 1970 y 1980 para que actuaran como fuerzas auxiliares durante las operaciones de contrainsurgencia. Aunque su base legal quedó suprimida en 1989, siguen expandiéndose”.
Los terratenientes y los caudillos locales (gamonales, caciques, etc.) se encargaron de organizar a los sectores más descompuestos de la sociedad, al lumpen. Ya dentro del narcotráfico estaban muy organizados estos elementos, contando con los ejércitos privados de los terratenientes, que atraen a sus mismos hombres y mujeres de hacienda.
La prolongación del conflicto armado durante décadas, el desarrollo de miles de hilos que vinculan el narcotráfico con el paramilitarismo y a ambos con la burocracia estatal harán que el peso económico y político de la llamada “paraburguesía” en el seno de la clase dominante crezca. En el 2001 los principales líderes paramilitares organizaron una reunión nacional con la participación de una gran cantidad de políticos del país conocida como el pacto de Ralito. “…Acudieron 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos”. “El objetivo era sellar un acuerdo que buscaba refundar la patria y hacer un nuevo contrato social.” Tal pacto social predica preservar la propiedad a sangre y fuego. Cuando la revista “Semana” preguntó a Holguín, ex-ministro
del Interior de Uribe, éste respondió que no había “nada impropio en el documento y que se le podría refrendar.”
El gobierno de Uribe
En el 2002 por Uribe votaron 5.862.655 personas, mientras que en el 2006 logró una impresionante votación de 7.307.835, un récord histórico. En los dos procesos electorales aproximadamente 1.071.868 votos se producían en zonas controladas por el paramilitarismo. Uribe en su primera elección representó al Partido Liberal. Luego de unos meses dinamitó éste, que a propósito ya no cuenta con su antiguo poder, y se irguió fuera de él como una especie de árbitro y garante del orden por encima de diferentes partidos burgueses. Hizo una coalición con pequeños grupos de bolsillo, ligas de gamonales y caciques, de la mano del Partido Conservador. De ese modo se apoyó y se apoya en un montón de partidos “uribistas” que abundan en contradicciones, que se quejan de falta de atención, o de que sus directivas estén en la cárcel por ser paramilitares.
Desde inicios de su presidencia, Uribe Vélez tuvo unas divisas muy concretas: “Mano dura, corazón grande” y “no negociar con el terrorismo”. Era la estrategia burguesa de usar el conflicto con los grupos armados para distorsionar la lucha de clases, que comenzó antes de la elección de Uribe, pero de la cual éste es su más acabada consecuencia.
En los años 70s y 80s nunca se hablaba mucho de la guerrilla en medios oficiales. Las clases dominantes hicieron un giro de 180 grados a mediados de los 90s y empezaron a tratar el tema guerrillero constantemente. Todo se trataba de una estrategia mediática para echar la nación en contra de la guerrilla. Las noticias mostraban cada diez segundos tomas de pueblos, noticias sobre reclutamiento de niños, secuestros, atentados, etc. Tras la nueva negociación abierta en 1998 los medios tenían como estrategia demostrar que las guerrillas no querían negociar, lo cual no era verdad. El gobierno, a la vez que traicionaba la paz pactada con las guerrillas y elaboraba su propaganda mediática, intentaba en lo posible dejar que las guerrillas se deslegitimaran ante la población cuando estas volaban puentes, torres de electricidad o bombardeaban zonas que, efectivamente, afectaban la vida común de la gente. Esto provocaba un giro histérico a la derecha de la mayoría aplastante de la pequeña burguesía.
De ese modo, el heladero que se veía afectado por los cortes de luz, a razón de la voladura de torres eléctricas, el camionero y el turista que se advertían perturbados por la voladura de puentes, el tendero que tenía que cerrar la tienda por los enfrentamientos y la falta de clientela, y el campesino al que se exigía el pago una “vacuna” (impuesto de las guerrillas a la población para patrocinar la lucha) fueron girando a la derecha, y aceptando que todo el mal nacional era a causa de las guerrillas, haciendo eco de los medios de comunicación. Muchos de ellos se fueron trasformando en la base social de Uribe, sin ver que el verdadero problema era la naturaleza corrupta y criminal de la oligarquía. Durante los últimos años esta táctica ha sido llevada a su máxima expresión, apoyándose en los principales medios de comunicación burgueses y el ambiente de desmoralización, escepticismo y lucha individual por sobrevivir generado por la derrota histórica de los 70s y 80s, y la extensión de la violencia durante los 90s.
La llamada “política de seguridad democrática” es el estado de sitio con un nuevo nombre. Bajo la fachada de un régimen formalmente democrático (con Parlamento, elecciones, etc.) el ejército se ha armado hasta los dientes, una parte de los paramilitares han sido legalizados como confidentes y colaboradores del propio estado y otra sigue actuando impunemente, asesinando selectivamente a miles de activistas obreros y populares. Durante los 6 años de mandato del actual gobierno han sido asesinados 515 sindicalistas. El conflicto militar es utilizado también para justificar la creciente presencia de tropas y bases del imperialismo estadounidense en Colombia, que podrían ser utilizadas contra cualquier movimiento revolucionario en el continente y en particular contra la revolución bolivariana. Esta presencia también proporciona a la clase dominante colombiana un doble contingente para aplastar a los trabajadores colombianos
Las actuales divisiones burguesas
Inicialmente, Uribe era visto con reservas por algunos sectores burgueses a causa de su ambición y las denuncias sobre vínculos con el paramilitarismo. Él intentó (al menos públicamente) distanciarse de algunos de sus aliados de la primera hora menos presentables y buscó ser aceptado como representante de los sectores decisivos de la oligarquía. Durante varios años, el crecimiento económico y la inercia del miedo, la desmoralización y la lucha por la supervivencia que mantenían paralizadas a las masas le han permitido presentarse como garantía de unidad y estabilidad para la clase dominante. Los conflictos internos que surgían eran “lavados en casa”. Las actuales divisiones en torno a la reelección de Uribe y el escándalo de la “parapolítica”, en cambio, han estallado de manera abierta y provocado una ruptura en la clase dominante.
El poder judicial y la máxima autoridad de la Iglesia se han opuesto a la reelección de Uribe. En el propio parlamento (una buena parte del cual, además, está encarcelada o investigada por vínculos con el paramilitarismo) el Presidente no ha logrado el apoyo necesario para cambiar la Constitución y permitirle la reelección. Incluso varios líderes de esos partidos que crearon en el pasado Uribe y compañía, descontentos, han votado en contra. El gobierno ha respondido atacando duramente a sus detractores y desafiándolos con un posible referéndum que podría polarizar aún más la situación política.
Estas divisiones, las denuncias públicas (realizadas no por la extrema izquierda sino por jueces y medios de comunicación burgueses) acerca de los crímenes paramilitares y sus vínculos con el aparato estatal, el gobierno y destacados sectores de la clase dominante, han rasgado el velo que habitualmente cubre la podredumbre de la oligarquía y han hecho que ésta se revele a millones de personas. En los últimos meses Uribe ha tenido que cesar a 27 altos oficiales y destituir al Jefe del estado mayor a causa de las ejecuciones extrajudiciales, así como extraditar a varios jefes paramilitares a EE.UU. para intentar evitar que el escándalo de la “parapolítica” siga salpicando al gobierno y al estado.
Las divisiones interburguesas, además de la preocupación de un sector de los capitalistas ante el creciente poder de Uribe y su camarilla, expresan las progresivas contradicciones a causa de una crisis económica que reduce el botín a repartir entre todos los explotadores y agudiza la lucha por controlar las instituciones del estado. A ello se unen diferencias tácticas acerca de cómo responder al descontento social en aumento. Como ha explicado muchas veces el marxismo, “el viento de la revolución a menudo empiezan por sacudir las copas de los árboles”.
Todo esto ha abierto una brecha en el régimen, que hasta ahora aparecía como infranqueable. Por ella está emergiendo todo el descontento social acumulado. Los trabajadores, correctamente, han entendido que esas divisiones arriba ofrecen una oportunidad para que la clase obrera se ponga al frente de todos los explotados y pueda unirlos contra la oligarquía. No obstante, como hemos insistido a lo largo de este artículo, los capitalistas -enfrentados a la movilización revolucionaria de las masas- intentarán unirse para defender su dominación y cargar la crisis del capitalismo sobre los trabajadores y campesinos. Ya lo estamos viendo. Nuevamente, intentan utilizar la guerra con las FARC y el ELN y la cuestión de los secuestrados para desviar la atención de las masas y distorsionar la lucha de clases. El 28 de noviembre, con todos los recursos del estado, los grandes medios de comunicación burgueses haciendo coro y el apoyo unánime de todos los sectores de la clase dominante (que en esto – a pesar de sus contradicciones internas- sí están de acuerdo) se organizó una nueva “jornada por la paz y la libertad”.
Pero ni con todas estas maniobras podrán impedir que el fantasma de la lucha de clases siga recorriendo tierras colombianas. La realidad siempre es más contundente que la fantasía, y por eso, los trabajadores ya no comen entero la basura mediática de la oligarquía. Si los dirigentes de la CUT y el PDA tuviesen un programa marxista y vinculasen la lucha por las reivindicaciones obreras y populares, contra la represión y la violencia y por la paz; y todas ellas articuladas a la lucha por el socialismo; tendríamos una situación revolucionaria ya mismito. En ausencia de este programa el proceso será seguramente más contradictorio y complejo.
Por un programa socialista de expropiación de los capitalistas para la CUT y el PDA
El programa de defensa del Estado de Derecho, Capitalismo Nacional, Unidad de todos los colombianos, Paz Democrática, etc. que defienden los dirigentes del PDA sólo puede llevar al desastre. Un ejemplo de lo lejos que han llegado en su bancarrota ideológica algunos dirigentes es lo planteado hace unos meses por Petro (representante del ala derecha del PDA):
“Cuando explote la narco burbuja, la sociedad colombiana experimentará un guayabo (crisis) atroz. (…) Ese será el momento del Acuerdo Nacional porque la mayoría de la población lo respaldará como su formula. Como por arte de magia, uribistas y miembros de la oposición, fuerzas sociales diversas se juntaran en ideas comunes. Lo que yo llamó los mínimos fundamentales.”
Pero no existen tales mínimos. Cualquier Acuerdo Nacional con la burguesía sólo será un nuevo engaño a las masas. La burguesía actuara como en todos los acuerdos de paz y de conciliación, utilizará el pacto en el momento en que vea que no puede reprimir el movimiento gigante y organizado de las masas. Un sector de la burguesía no ve con malos ojos que Petro y otros dirigentes del Polo planteen estas ideas. Por eso les fomenta hasta cierto punto mientras ataca a la izquierda. En un futuro, sobre todo si la movilización de las masas les desbordase, podrían utilizar a los reformistas para frenar el impulso revolucionario y, en cuanto pudiesen, poder aplastarlo. Cualquier pacto sólo servirá para dilatar medidas decisivas contra la oligarquía, en aras de la conciliación, y en cuanto ésta vea que ahora sí cuenta con la fuerza necesaria, si encuentra al movimiento de las masas desprevenido, procederá a reprimir y a matar por doquier, como siempre hizo. El único modo de evitarlo es que la izquierda del Polo y la CUT se organicen desde ya para explicar pacientemente este peligro y sobre todo para levantar una alternativa marxista a las políticas reformistas.
Los dirigentes del ala izquierda del Polo, en particular el PCC, tienen el respeto de las bases de la coalición por su honestidad y el valor de declararse comunistas. Pero, desafortunadamente, muchos de estos dirigentes, aunque critican los argumentos más derechistas de Petro y Navarro, apoyan la idea de una gran coalición “hacia la paz democrática, hacia la segunda emancipación”, etc. Esta línea, refrendada en el último Congreso del PCC de Noviembre de este año, impide clarificar ante las masas cuáles son las diferencias políticas con la derecha del PDA.
Los dirigentes de la izquierda del PDA deberían estudiar la experiencia sufrida por Izquierda Unida en España y por la Izquierda Arcoíris en Italia, las cuales por no exponer una política decidida, con un programa revolucionario y socialista, no lograron convencer a los trabajadores, ni a la juventud de su justeza, ni tampoco diferenciarse suficientemente a los ojos de las masas de los reformistas de derecha del PSOE o los Demócratas de Izquierda. Todo ello causó a estos partidos la pérdida de millones de votos y de casi toda su representación parlamentaria, en España, y toda en Italia.
La derecha del Polo no es fuerte. Las candidaturas de Petro y Moreno en las recientes elecciones internas al Congreso del Polo, celebradas en octubre de este año, sumaban juntas, un 32% de los votos. Si los dirigentes del PCC y el resto de la izquierda del Polo y la CUT defendiesen un programa marxista, que al mismo tiempo que denuncie implacablemente las políticas de Uribe, explique que el problema no es una persona sino todo un sistema: el capitalismo; si explicasen pacientemente a las masas que la única alternativa es estatizar las grandes empresas y los bancos bajo control obrero, para instaurar una economía socialista planificada democráticamente, resolviendo sus problemas y necesidades básicos; si dijesen además claramente que en el marco del capitalismo no habrá una paz digna ni duradera para Colombia, que esto sólo es posible con el socialismo, entusiasmarán a sus militantes y ganarían la mayoría en el PDA y la CUT. Armados con las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, el Polo y la CUT conquistarían el apoyo masivo del conjunto de la clase obrera, el campesinado y la juventud, abriendo una nueva era en la historia colombiana.
Enero 2008
